El SPC: La CCMA deriva millones a empresas privadas, recorta servicios internos y bloquea jubilaciones

El desmantelamiento progresivo de las unidades móviles propias de Televisión de Cataluña (TV3) se ha convertido en uno de los símbolos más claros del giro hacia la externalización de servicios . En septiembre de 2023, la CCMA firmó un acuerdo marco para el alquiler de unidades móviles durante cuatro años por un importe máximo de 4,6 millones de euros. Este movimiento ha coincidido con un proceso de obsolescencia del departamento técnico interno, hecho que ha sido interpretado dentro de la casa como una apuesta decidida por la privatización de facto de un área estratégica.

Uno de los indicios más flagrantes ha sido la retirada de la UM 101, una de las unidades móviles más potentes, que ya no se utilizará. Trabajadores de varios departamentos, como Imagen y Deportes, han expresado su malestar por una estrategia que prioriza el criterio económico por encima de la calidad. Denuncian que estas subcontrataciones, aparentemente más baratas, acaban resultando caras e ineficientes, una práctica conocida en el ámbito público como "chocolate del loro".

Además, productores audiovisuales independientes critican que los pliegos de condiciones de las licitaciones solo favorecen a grandes empresas como Mediapro, mientras que el tejido local queda excluido. Un ejemplo ilustrativo: mientras alquilar una unidad pequeña puede costar unos 5.000 €, una unidad como la UM 101 puede llegar a los 45.000 €, cuando con estas cifras sería más rentable amortizar una unidad UHD propia en cinco o seis años.

El Consejo de Gobierno de la CCMA no ha ocultado su intención de derivar el trabajo a empresas externas, como se desprende de la licitación, que especifica que todo el personal técnico y operativo será contratado por la empresa adjudicataria, y no por TV3. Ante esto, el comité de empresa exige que se reconozca el error en la planificación de inversiones del contrato programa (el convenio de financiación con la Generalitat), y reclama que se doten recursos para modernizar el departamento de manera inmediata.

Seguridad y salud: las pólizas médicas, en el punto de mira

Este escenario se agrava con otra fuente de tensión: las condiciones de las pólizas de salud que afectan tanto a personal activo como jubilado. Los trabajadores denuncian que no fueron informados correctamente de que, una vez dejan de trabajar por jubilación o enfermedad de larga duración, las cuotas se duplican automáticamente, afectando a todos los miembros de la póliza.

Desde el comité de empresa y el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Cataluña (ISPC) se ha exigido una solución urgente. Reclaman que el colectivo de jubilados pueda mantener los precios de trabajador activo o, como mínimo, tarifas accesibles, y recuerdan que muchos antiguos trabajadores mantienen un vínculo con la empresa a través del carnet del Colectivo 1984, una promesa de acceso a espacios y actividades que ahora corre el riesgo de quedar en papel mojado.

Jubilaciones parciales: una necesidad aplazada

Paralelamente, comienza la negociación de un modelo de jubilaciones parciales que llevaba años congelado. La propuesta que se pone ahora sobre la mesa prevé que personas de 62 años o más puedan acogerse si se garantiza un contrato de relevo fijo para la persona sustituta.

Esta medida, aunque no sea óptima, permitiría una salida planificada y digna del mundo laboral, en un momento en que cientos de trabajadores se encuentran próximos a la edad de jubilación. Sin embargo, el bloqueo en la creación de bolsas de sustitución puede retrasar este proceso, y el personal afectado denuncia que se está viendo obligado a alargar su vida laboral más allá de lo razonable.

La dirección admite que hará falta una nueva tasa de reposición específica, que debería definir Función Pública, pero no hay garantías sobre cuándo se concretará. El comité reclama celeridad y compromiso para evitar una nueva promesa incumplida.

Igualdad salarial y reorganización interna: compromisos pendientes

También se están desplegando iniciativas en el marco del Plan de Igualdad de la CCMA, entre ellas una encuesta abierta a toda la plantilla para detectar desigualdades de trato, así como una auditoría retributiva por género. El objetivo es identificar y corregir brechas salariales estructurales, muchas veces invisibilizadas.

Un modelo público en riesgo

La suma de estos conflictos —externalizaciones encubiertas, pérdida de derechos adquiridos, jubilaciones sin planificación y precarización encadenada— muestra un modelo de gestión que se aleja de lo que debería ser una corporación de medios pública de referencia.

La plantilla exige hechos, no discursos. La CCMA se encuentra ante una encrucijada decisiva: puede reafirmar su compromiso con un servicio público fuerte, con derechos laborales garantizados y una gestión transparente, o puede continuar por un camino que pone en riesgo su propia razón de ser.