Mediapro levanta las alfombras: Una audotoria buscará agujeros contables en la gestión de Tatxo Benet

El accionista mayoritario de Mediapro, Southwind Capital a través del fondo Orient Hontai, ha ordenado la realización de una auditoría forense de las cuentas del grupo audiovisual con el objetivo de identificar el origen de las pérdidas, evaluar proyectos fallidos y reforzar los controles internos tras la salida de Tatxo Benet. El análisis, que previsiblemente será encargado a una de las grandes consultoras internacionales, se enmarca en el relevo de la cúpula directiva y en la delicada situación financiera de la compañía.

Los nuevos responsables de Mediapro, Sergio Oslé como presidente y Carlos Núñez como consejero delegado, ya trabajan en un diagnóstico exhaustivo antes de asumir oficialmente sus cargos el próximo 1 de enero de 2026. La intención es disponer de conclusiones en los primeros meses del año para tomar decisiones inmediatas, especialmente ante el riesgo de incumplir compromisos financieros con los acreedores. En este contexto, la compañía prevé solicitar un waiver a Pimco, principal tenedor de su deuda, para evitar la ejecución de garantías.

El análisis preliminar de Orient Hontai ha detectado gastos elevados en la expansión en Estados Unidos, en particular tras la apertura de una nueva sede en Los Ángeles, que se sumó a las ya existentes en Nueva York y Miami. Esta estrategia, orientada a reforzar la producción de contenidos en inglés, se ha convertido en uno de los focos de ajuste. En paralelo, se ha confirmado la salida de varios directivos clave, entre ellos la ex consejera delegada Laura Fernández, que abandonará la compañía con una indemnización millonaria, así como otros ejecutivos históricos.

La auditoría forense servirá de base para una reestructuración global que afectará a cerca de 1.000 empleados en todo el mundo, unos 500 de ellos en España, lo que obligará a aplicar un expediente de regulación de empleo. Mediapro quema actualmente alrededor de 30 millones de euros anuales de caja y el coste del ajuste podría situarse entre 30 y 50 millones, lo que obligará a una nueva inyección de capital por parte del accionista. Desde la entrada de Southwind en 2018, la facturación y el ebitda del grupo se han reducido cerca de un 50%, y las pérdidas del último ejercicio alcanzaron los 72 millones de euros, acelerando la salida de los fundadores y el cambio de rumbo en la compañía.