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Un informe de la Guardia Civil revela que Madí se reunió con “altos cargos de la Generalitat” para tratar de favorecer los intereses particulares de varias compañías privadas, a las que asesoraba o donde trabajaba sin que esos encuentros “consten anotados en los registros públicos” de la Dirección General de Datos Abiertos, Transparencia y Colaboración de la Generalitat.
Desde octubre de 2020 y por la denominada operación Voloh, David Madí, afronta una acusación por tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación.
Y es que durante la investigación agentes de la Guardia Civil detectaron conversaciones y citas en las que Madí maniobró para que varias empresas que lo tenían en nómina como asesor y trabajador consiguieran presuntamente contratos públicos de manera irregular o se modificaran aspectos de la legislación catalana que les perjudicaban.
En una investigación que continúa abierta, el juez Aguirre, requirió oficialmente a la Dirección General de Datos Abiertos, Transparencia y Colaboración, del Departamento de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat, que aclarara si esas reuniones habían sido declaradas por David Madí o por los cargos de la Generalitat involucrados, tal y como exige la normativa autonómica sobre lobbies y grupos de presión.
El informe de la Guardia Civil incorporado ahora al caso concluye que ni David Madí, ni su mujer, con la que comparte actividad, ni ninguna de las empresas administradas por ambos, “se encuentran registradas como grupo de interés ni constan reuniones en la agenda pública con grupos de interés de los altos cargos y personal directivo del Govern de la Generalitat”.
CERO RASTRO DE LAS REUNIONES QUE MANTUVO CON TRES CONSELLERS Y 7 ALTOS CARGOS DE LA GENERALITAT
Además ninguna de las 11 citas presenciales que mantuvo Madí, de octubre de 2019 a octubre de 2020, fue declarada en el registro de grupos de interés. A pesar de haberse reunido con tres consellers, como el de Interior, Miquel Buch, Territorio, Damià Calvet y Empresa, Angels Chacón. Además de altos cargos como, el secretario de Infraestructuras y Movilidad, Isidre Galvín, el secretario general de Interior, Brauli Duart, los directores generales de Transportes y Movilidad, Pere Padrosa y David Saldoni, el secretario de Comunicación, Antoni Molons, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Mercé Conesa, y el director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Lluìs Ridao.
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS A LAS QUE QUISO BENEFICIAR DAVID MADÍ
En estas reuniones una de las prioridades de esos encuentros fue presuntamente lograr concesiones públicas para las empresas en las que trabajaba o asesoraba como:
Aigües de Catalunya empresa que se fundó en 1997 y que apostó por Madí para expanderse en Catalunya, ayuntamiento a ayuntamiento y que finalmente el mes pasado y antes de que su presidente tenga que ir a declarar en diciembre le invitó amablemente a marcharse por no cumplir con los objetivos empresariales previstos.
Bergé y Compañía una empresa con 150 años de historia líder en la automoción y los servicios logísticos y con presencia en 10 países. Esta empresa familiar que busca según ella mismo afirma en su web busca darle "la antorcha a una nueva generación de accionistas con un legado mejor que el que recibimos".
El fabricante de coches eléctricos Rivian una start-up norteamericana que es conocida como 'la Tesla de las pick-ups' tras darse a conocer al mundo a finales de 2017 sin haber producido ni vendido ni un sólo modelo, pero que logró recaudar 1.700 millones de dólares gracias al apoyo de inversión de gigantes como Amazon o Ford. Pero la compañía ha decepcionado a los inversores por su incapacidad para cumplir con sus objetivos de producción. En marzo de este mismo 2022, la empresa se vio obligada a anunciar un recorte del 50% de su producción anual hasta las 25.000 unidades, frente a las 50.000 previstas inicialmente.
La empresa con licencias VTC, Uber y su socio mayoritario Moove Cars, el gigante de las VTC en España que aumentó su cartera de licencias pese a la pandemia del Covid-19 y cuenta con de 3.400 autorizaciones activas. Según el relato del juez, Madí ejerció esta labor de ‘lobby’ a favor de Uber y Moove para tratar de influir en contra de la regulación que protegía a los taxistas catalanes.
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