La Seguridad Social enfrenta dificultades por subastas desiertas, según informe del Tribunal de Cuentas
Cerca del 40% de los lotes subastados en 2021 no recibieron ofertas, y las comunidades autónomas de Barcelona, Madrid y Valencia encabezaron la lista con porcentajes alarmantes.
La Seguridad Social enfrenta dificultades debido a los embargos por impagos, según un informe del Tribunal de Cuentas. En 2021, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) tenía 5.129 lotes listos para subastar, pero cerca del 40% quedaron sin ofertas. Las comunidades autónomas con más lotes desiertos en la segunda subasta fueron Barcelona, Madrid y Valencia, con porcentajes del 86,5%, 58,3% y 50%, respectivamente.
El Tribunal de Cuentas destaca que realizar una segunda subasta en las mismas condiciones no parece razonable desde el punto de vista económico, por lo que propone reducir el precio de salida en cada intento de subasta. En caso de que la segunda subasta también quede desierta, el bien es devuelto al propietario, lo que implica levantar el embargo. Para bienes incautados por delitos como tráfico de drogas, se sugiere una reducción del 40% en el importe.
Además, se plantea la opción de que el acreedor pueda adquirir el bien por el 30% de su valor si nadie más muestra interés, y para las subastas realizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se propone un descuento del 50%.
La suspensión de subastas también ha afectado a la Seguridad Social, dejando de percibir cerca de 27,76 millones de euros en 2020 y suspendiendo el 65,1% de las subastas públicas en 2021. Estas suspensiones se deben a errores en el proceso de tramitación, como notificaciones incorrectas, cálculos erróneos de cargas y determinación de bienes equivocada.
El informe del Tribunal de Cuentas destaca la necesidad de mejorar los procedimientos de notificación y comunicación relacionados con los embargos. También propone medidas correctivas, como la reducción del precio de los bienes en las segundas subastas, para aumentar las posibilidades de venta y recuperación de recursos. Estas recomendaciones buscan fortalecer la capacidad de la Seguridad Social para hacer frente a sus obligaciones financieras y garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
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