AIReF denuncia que el Ingreso Mínimo Vital llega únicamente al 35% de sus posibles beneficiarios
El organismo apunta que el 61% de los potenciales beneficiarios que no solicitan la prestación son hogares sin menores y que el 64% reside en Andalucía, Catalunya, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) denunció, el pasado jueves 15 de junio, que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Gobierno solo ha llegado desde su puesta en marcha a 284.000 hogares, es decir, el 35% de los 800.000 a los que, a su juicio, podría beneficiar.
Esto se debe, según indica, entre otras cuestiones, a que casi 470.000 familias con derecho a percibir esta prestación, lo que supone el 58% del total de los posibles beneficiarios, no solicitaron el IMV en 2022. Además, advierte de que el 69% de las solicitudes se han denegado desde el Gobierno, principalmente por el nivel de renta.
Estos datos se recogen en la Segunda Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital publicada por la AIReF, la evaluación que este organismo realiza anualmente por mandato legislativo. Su presidenta, Cristina Herrero, ha explicado en rueda de prensa que esta evaluación no incluye a las autonomías forales que no han dado la información necesaria para poder incluirlas en este informe.
Herrero ha detallado que los datos de beneficiarios, algo más de 284.000, son similares a los que se contabilizaron el año pasado y que también el porcentaje de solicitudes denegadas se mantienen en los mismos niveles que en 2021. Tampoco ha mejorado el plazo de tramitación de la prestación, que se sitúa en torno a los 120 días.
SE MANTIENE EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS
Sin embargo, la AIReF también identifica algunos hallazgos que evidencian cierto grado de estancamiento en el último año de los resultados del IMV y un alcance limitado del nuevo complemento de infancia. A diciembre de 2022, seguía habiendo el mismo número de beneficiarios de IMV que el año anterior; 284.000 hogares de los 800.000 que podían percibir la prestación, lo que a su vez supone el 47% del gasto potencial. Esta cifra es menor en el nuevo complemento de infancia, que si estuviera plenamente implementado podría beneficiar a 1,5 millones de familias y a finales de 2022 se limitaba a cubrir 274.000 hogares.
Además, la AIReF detecta también dificultades en el ámbito de la gestión. Así, la tasa de denegaciones del IMV en el año 2022 se sitúa en el 69%, cifra muy similar a la del 2021. Por otra parte, el 83% de los beneficiarios del IMV vieron modificado el importe percibido en su nómina mensual como consecuencia de las revisiones que realiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), una vez se conocen los datos definitivos de renta. En concreto, el 67% de los beneficiarios vieron revisado el importe y el 16% causan baja en la prestación tras la revisión, por lo que se les solicita devolver 2.500 euros en mediana.
Según el análisis de la AIReF, las cifras de potenciales beneficiarios no solicitantes (non take-up) se sitúan en el mismo nivel que el año anterior (58%) y el nuevo complemento de infancia en su primer año muestra un non take-up que supera al del IMV (76 %). Esta Opinión recoge un perfilado de los hogares no solicitantes, que podría ser útil a la hora de diseñar y dirigir las medidas de difusión y apoyo para el acceso a la prestación a aquellos colectivos cuya incorporación está resultando más complicada. En concreto, la AIReF detecta que el 61% de los potenciales beneficiarios que no solicitan la prestación son hogares sin menores y que el 64% reside en Andalucía, Catalunya, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.
Además, en esta Opinión se apunta a la posibilidad de que parte del non take-up pudiera venir explicada porque el trasvase de beneficiarios desde las rentas mínimas autonómicas al IMV todavía no se haya completado. Sin embargo, esta hipótesis no se ha podido verificar ante la falta de calidad de los datos de beneficiarios de rentas mínimas que las comunidades suministran a la Agencia Tributaria y al Instituto Nacional de Seguridad Social.
En este sentido, la AIReF insiste en la necesidad de que se aceleren y refuercen los mecanismos de intercambio de la información que la Administración posee sobre la población vulnerable, facilitándose la interconexión de sus datos de renta, patrimonio, prestaciones, impuestos y asistencia de los servicios sociales. En especial, se acentúa la importancia de que las Comunidades Autónomas aceleren el volcado uniforme y consistente de los pagos de sus rentas mínimas autonómicas en la Tarjeta Social Digital y en los registros de la Agencia Tributaria.
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