Los funcionarios alertan del caos que provocará la nueva tasa de basuras

Desde el 1 de enero de 2025, todas los ayuntamientos de España estarán obligados a imponer una tasa pública a sus residentes para financiar los gastos asociados con la recolección, administración y disposición de los residuos generados en sus respectivas áreas. Esta medida se origina en una directiva europea que el Gobierno incorporó en la Ley de Residuos aprobada en abril de 2022, y se concreta de manera sucinta.

"El próximo año, los municipios deberán promulgar sus ordenanzas fiscales tomando como base sus propios informes económico-financieros. Esto dará lugar a la creación de una multitud de impuestos diversos que deberán abonar todos los contribuyentes, generando una situación de incertidumbre legal debido a las notables disparidades entre los tratamientos tributarios que recibirán los distintos municipios", advirtió ayer la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local en la apertura de su XXIII Congreso, que tiene lugar en Málaga.

De hecho, la falta de claridad por parte del Gobierno Central al definir la normativa, que está siendo regulada con criterios legales deficientes por individuos con experiencia en residuos pero con poca comprensión de la fiscalidad local, ha sido objeto de críticas. 

Esto ha creado un ambiente de incertidumbre legal, y de acuerdo con expertos en finanzas locales, es probable que surja un elevado número de reclamaciones y desafíos legales una vez que la tasa entre en vigencia, comparables a los generados por la Plusvalía Urbana.

Se calcula que esto servirá para recaudar cerca de 3.000 millones de euros, ya que algunos cálculos del sector cifran en esta cantidad el coste de la recogida y tratamiento de residuos en el conjunto de España.