Madrid, en contra de la cotización por hacer prácticas: "Supone la paralización de la economía del país"

Unos 200.000 estudiantes matriculados en Formación Profesional (FP) o universidades estarán obligados a cotizar por las prácticas formativas a partir del 1 de enero de 2024, debido a la modificación de la Ley de la Seguridad Social.

No obstante, esta situación ha generado fuertes críticas en algunas comunidades autónomas, entre ellas Madrid, que sostiene que la implementación de esta nueva normativa "puede suponer la paralización de la FP y la universidad y, en consecuencia, la economía del país".

Es por ello que el consejero madrileño, Emilio Viciana, propondrá en la Conferencia Sectorial de Educación, programada para este miércoles 13, la derogación de la normativa debido a los graves problemas que plantea tanto para la administración autonómica como para las universidades, así como para las empresas que reciben a dichos estudiantes.

A estas incertidumbres se suman otras, como la incógnita sobre el destino de los estudiantes que cursan sus estudios a distancia y residen fuera de Madrid. La Consejería destaca que no se tiene información sobre cómo se aplicará el principio de territorialidad en este caso.

Otro interrogante se relaciona con la cotización de los estudiantes Erasmus que no se encuentren en España. Asimismo, para los alumnos desempleados, participar en estas prácticas implicará una suspensión en el cobro de la prestación económica. Por otro lado, los centros de formación deberán calcular y anticipar mediante pago delegado las prestaciones por incapacidad temporal debido a accidentes laborales y enfermedades profesionales. De esta manera, aquellos alumnos que no dispongan de cuenta bancaria por ser menores de edad, encontrarse en situación irregular o estar bajo tutela de servicios sociales, no podrán recibir el pago, según ha señalado la Consejería de Educación.

Sin embargo, existen aún más obstáculos, como el problema del seguro escolar que Madrid considera incompatible con el nuevo régimen de afiliación. Esta discrepancia genera incertidumbre sobre qué sistema asumiría las prestaciones económicas en casos de enfermedad, accidente escolar o dificultades familiares.

Otro aspecto crucial es que las empresas que ofrecen prácticas a los estudiantes se verán obligadas a gestionar altas, bajas y cotizaciones, lo que genera preocupación por el posible régimen sancionador. Esto podría disuadir a muchas empresas de aceptar alumnos en prácticas.

Finalmente, las administraciones educativas carecen de presupuesto y personal especializado para manejar la compleja logística que implica la gestión directa de estos trámites con la Seguridad Social. El consejero de Educación argumenta que esta normativa "genera desamparo para los desfavorecidos, confusión, inseguridad jurídica y desincentiva a las empresas e instituciones".