Colapso en la Seguridad Social: miles de pensiones paralizadas y familias sin recibir el Ingreso Mínimo Vital
La huelga indefinida en la Seguridad Social cumple ya 25 jornadas y ha sumido al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en un severo bloqueo administrativo.
Con casi 30.000 expedientes de incapacidad temporal pendientes de tramitación, las repercusiones se extienden también a revisiones de pensiones, reclamaciones y solicitudes del Ingreso Mínimo Vital.
Desde que arrancara el paro, los centros provinciales del INSS acumulan un cuello de botella histórico:
- 30.000 incapacidades sin resolver, que dejan a trabajadores enfermos sin acceso a sus prestaciones;
- 40.000 revisiones de pensión paralizadas, retrasando ajustes que afectan a jubilados y viudas;
- 30.000 reclamaciones previas sin respuesta y 18.000 solicitudes de información sobre prestación futura;
- 100.000 familias a la espera del Ingreso Mínimo Vital, cuya demora agrava situaciones de vulnerabilidad social.
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea generará miles de nuevos expedientes
La situación empeora al caer en cascada la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 15 de mayo, que obliga a revisar el complemento por brecha de género en pensiones. Esta resolución podría generar “cientos de miles” de nuevos expedientes, según fuentes sindicales, profundizando el atasco si no se adopta de inmediato un plan de choque.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha evitado hasta la fecha sentarse en la mesa de negociación: ni en la primera cita del 26 de febrero ni en la última convocatoria del 28 de mayo estuvo presente, dejando al frente del diálogo con los directivos provinciales al secretario de Estado, Borja Suárez. Suiz calificó recientemente la huelga de “afectación menor” –un “0,3 %” de los empleados– una cifra que los mismos huelguistas tildan de “invisibilizante” y que ha reavivado el malestar entre la plantilla.
Los directivos del INSS amenazan con intensificar las protestas: han convocado una concentración frente al Ministerio para exigir refuerzos de personal, actualización de plantillas e incentivos que frenen el envejecimiento y la desmotivación del cuerpo. Reclaman también un compromiso claro del Ejecutivo para crear equipos de respuesta rápida que desatasquen los expedientes más urgentes.
El escenario plantea un dilema político y social de calado: mientras el Gobierno apela a la digitalización y la reorganización interna —proyectos en marcha desde 2023—, las asociaciones de jubilados y colectivos de trabajadores advierten de que cada día de bloqueo se traduce en sufrimiento real para miles de ciudadanos.
La negociación se perfila, por tanto, como un examen de la capacidad del Ministerio para equilibrar eficiencia administrativa y derechos fundamentales. Con el INSS al borde del colapso, la pelota está ahora en el tejado de la ministra Saiz: si no asume cuanto antes la interlocución directa, el conflicto promete endurecerse y alargarse más allá del ya largo calendario de mayo.
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