Fondos europeos en Catalunya: ¿inclusión real o desigualdad persistente?

Un informe reciente elaborado por un consorcio de organizaciones no gubernamentales y fundaciones independientes ha puesto bajo lupa la gestión de más de 1.000 millones de euros en fondos de la Unión Europea destinados a proyectos sociales en seis países, entre ellos España y, por extensión, Catalunya. La investigación revela que, lejos de ser un motor de inclusión, estos recursos están siendo utilizados en ocasiones para mantener prácticas segregadoras y excluyentes en ámbitos tan sensibles como la educación, la vivienda y la atención a personas migrantes.

En Catalunya, donde los fondos europeos juegan un papel clave en el desarrollo de políticas sociales, esta realidad abre un debate urgente sobre la efectividad, la transparencia y el enfoque de las inversiones públicas. Las voces de colectivos vulnerables y expertos apuntan a una gestión que, aunque incrementa presupuestos, no siempre garantiza un cambio estructural ni la igualdad real.

Personas con discapacidad: la brecha entre promesas y práctica

El informe europeo destaca que uno de los colectivos más afectados son las personas con discapacidad, en particular niños y jóvenes, quienes a menudo terminan en entornos segregados o residencias institucionales financiadas en parte con recursos europeos. Este modelo contraviene las recomendaciones internacionales que promueven la vida independiente y la permanencia en el núcleo familiar.

En Catalunya, aunque el Govern ha aumentado en más de un 60% la financiación para educación inclusiva en los últimos años, organizaciones como Dincat y Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial denuncian que la realidad aún dista de ser una inclusión plena. La falta de profesionales de apoyo en las aulas ordinarias limita el acceso real a una educación común, forzando a muchas familias a recurrir a centros segregados.

Marta Rodríguez, portavoz de Dincat, subraya que “recibimos fondos, sí, pero siguen sin traducirse en igualdad real. La educación inclusiva no puede ser un eslogan, tiene que ser accesible y eficaz”. La permanencia de modelos segregadores afecta no solo la educación sino la autonomía y los derechos fundamentales de estas personas, que merecen un sistema que impulse su participación social efectiva.

Vivienda y exclusión: desafíos en barrios vulnerables de Catalunya

Aunque los casos extremos documentados en otros países —como viviendas segregadas para comunidades romaníes construidas con materiales precarios— no se repiten en Catalunya, la situación de la vivienda social en algunas zonas de Barcelona y alrededores refleja una problemática de concentración de población vulnerable en barrios periféricos.

Barrios como Ciutat Meridiana o algunas áreas del Besòs concentran a familias en riesgo de exclusión social que, aunque acceden a viviendas subvencionadas con fondos europeos, encuentran graves carencias en acceso a empleo, servicios de salud o movilidad. Esta segregación residencial impacta directamente en la calidad de vida y limita las oportunidades de integración y desarrollo.

Diversas voces reclaman que la financiación europea no se limite a construir viviendas, sino que incluya inversiones integrales que garanticen condiciones de vida dignas y equitativas, fortaleciendo el tejido social y la cohesión comunitaria.

Centros de acogida para migrantes: más allá de la asistencia, hacia la integración

El uso de fondos europeos en centros de acogida para personas migrantes y solicitantes de asilo en Catalunya también ha sido objeto de críticas. Entidades como Migra Studium y SOS Racisme denuncian que ciertos dispositivos financiados con recursos comunitarios funcionan bajo un modelo asistencialista que no favorece la integración real.

La Red de Acogida de Barcelona ha documentado casos en los que personas solicitantes de asilo han permanecido durante meses en hoteles sin acceso a programas de inserción, formación o atención psicológica, dependiendo de la buena voluntad de organizaciones sociales para cubrir necesidades básicas. Esta precariedad y falta de perspectivas refuerzan la exclusión y vulnerabilidad.

Un trabajador social de una entidad concertada, que prefirió mantener el anonimato, resume la situación: “Se destina dinero, pero sin visión de integración real. Muchas veces lo urgente tapa lo importante, y eso también discrimina”.

Gestión compartida y la necesidad de controles rigurosos

Uno de los problemas estructurales que subyace a esta situación es la forma en que se gestionan los fondos europeos, en régimen de “gestión compartida”, lo que implica que la distribución y supervisión dependen en gran medida de los gobiernos nacionales y autonómicos.

Según Jordi Pascual, investigador en políticas sociales de la Universitat Autònoma de Barcelona, “la discriminación puede producirse sin mala intención. Si se invierte en centros específicos en vez de reforzar la red pública inclusiva, el resultado puede ser excluyente”. La falta de auditorías independientes y la opacidad en la evaluación social dificultan detectar y corregir estas prácticas.

Por ello, organizaciones europeas como MCC Brussels y Validity Foundation han reclamado la creación de un organismo independiente que audite el uso y el impacto real de los fondos, mientras que en Catalunya las plataformas sociales insisten en aumentar la participación ciudadana y exigir transparencia para que los fondos se utilicen de forma efectiva y con respeto a los derechos humanos.

Catalunya ante el reto de una financiación europea transformadora

Catalunya enfrenta un desafío claro: transformar la llegada de fondos europeos en una herramienta auténtica de justicia social. La mejora en vivienda, educación y atención a migrantes es palpable, pero los colectivos más vulnerables siguen reclamando que estas inversiones se traduzcan en cambios estructurales, inclusivos y duraderos.

El compromiso debe ir más allá del aumento presupuestario y centrarse en la calidad y el enfoque de los proyectos, promoviendo modelos que respeten y garanticen los derechos fundamentales, fomenten la integración y combatan la segregación. Sólo así los fondos europeos podrán cumplir su verdadera función: ser un motor de inclusión y progreso para toda la sociedad catalana.