Foment agradece a PP, Vox y Junts, su oposición a la reducción de la jornada laboral

La patronal Foment del Treball ha hecho público este lunes el manifiesto «Por la productividad, por el diálogo social», en el que expresa su firme oposición a la propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral por ley sin acuerdo previo con los agentes sociales. La entidad alerta de que esta medida tendría graves consecuencias económicas y plantea un decálogo de propuestas en defensa de la concertación y del sistema productivo.

Durante el acto de presentación, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha calificado la propuesta liderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como “el error económico más grave en 46 años de democracia si llegara a aplicarse”, y ha advertido que una reducción unilateral de la jornada laboral generaría un incremento del 7% en los costes laborales y un impacto global de 23.000 millones de euros para las empresas españolas.

Llamamiento a la unidad contra la medida

Sánchez Llibre ha agradecido públicamente a partidos como PP, Vox y Junts por haber presentado una enmienda a la totalidad en el Congreso y por mantener su oposición “a pesar de las presiones”.

Foment defiende que la jornada laboral debe ajustarse mediante la negociación colectiva, y no por imposición legislativa. Como ejemplo, recuerda que cerca del 30% de los convenios colectivos en Catalunya ya contemplan jornadas por debajo de las 37,5 horas semanales, lo que demuestra que los avances en este ámbito son posibles “cuando se hacen desde el consenso”.

Contexto europeo y retos pendientes

El manifiesto también apunta que España se alejaría del marco europeo si adopta una jornada legal inferior a 40 horas, límite que solo tienen países como Francia y Bélgica, mientras que otros como Alemania, Dinamarca o Irlanda permiten hasta 48 horas semanales.

Además, Foment aprovecha el documento para poner el foco en otros retos estructurales para la competitividad, como el absentismo laboral (que representa el 3,1% del PIB), el alto coste energético, la presión fiscal, la lentitud administrativa y las carencias en infraestructuras, con especial mención al Corredor Mediterráneo.