Catalunya y País Vasco concentran un cuarto del déficit en pensiones, según la Seguridad Social

Dos comunidades autónomas concentran una cuarta parte del déficit en las pensiones españolas: Catalunya y el País Vasco, que acumulan números rojos por valor de 6.700 millones de euros hasta junio. En total, uno de cada cuatro euros que el Estado debe compensar para pagar las jubilaciones procede de estos territorios. Aunque ninguna región cubre con sus cotizaciones el gasto en pensiones, son Catalunya, Andalucía y el País Vasco quienes encabezan el podio deficitario. En paralelo, la primera reclama un modelo de financiación singular y la segunda avanza en la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

Los datos de la Seguridad Social, correspondientes a junio, reflejan un déficit estatal de 25.586 millones de euros en el pago de pensiones. El cálculo resulta de restar los ingresos por cotizaciones sociales al gasto en jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y prestaciones familiares, sin incluir otros subsidios como bajas laborales o permisos de paternidad.

En los seis primeros meses del año, se destinaron 76.705 millones al abono de pensiones, frente a unos ingresos por cotizaciones de 51.118 millones. A esta cifra se añaden los 1.180 millones recaudados mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el recargo introducido por el exministro José Luis Escrivá para reforzar la llamada “hucha de las pensiones”.

Por comunidades, Catalunya encabeza el déficit con 4.115 millones, seguida de Andalucía (3.827 millones) y el País Vasco (2.548 millones). En el caso catalán, el resultado se explica principalmente por su gran población —más de ocho millones de habitantes—, lo que genera tanto un volumen elevado de pensiones como de cotizaciones, pero insuficientes para cubrir el gasto. En el País Vasco, en cambio, pesa el hecho de que sus pensiones son de las más altas de España, mientras la evolución de su población activa no compensa ese mayor desembolso.

La Comunidad de Madrid, con más de siete millones de habitantes, ofrece la otra cara de la moneda: solo presenta un déficit de 816 millones, gracias a la atracción de trabajadores y a unos salarios superiores a la media. En territorios marcados por el envejecimiento y la despoblación —Castilla y León (2.474 millones), Galicia (2.441 millones), Asturias (1.712 millones) o Aragón (1.037 millones)—, el saldo negativo se dispara por la falta de suficientes cotizantes que sostengan las pensiones.

Conviene subrayar que este desglose territorializado no implica que las pensiones de una comunidad se paguen solo con lo que recauda en cotizaciones, ya que el sistema funciona con caja única estatal. La radiografía, eso sí, permite identificar las tensiones financieras de cada territorio. Y llega en un momento clave: el Gobierno prepara una financiación singular para Catalunya, que comenzará con la cesión de la recaudación del IRPF, y el traspaso al País Vasco de parte del régimen económico de la Seguridad Social. Ninguna de las dos comunidades, sin embargo, ha planteado asumir directamente el déficit de las pensiones ni romper el principio de unidad de caja.