Illa defiende la decisión de Sánchez de eliminar 53.000 pisos turísticos ilegales, 7.729 en Catalunya

La decisión de retirar decenas de miles de pisos turísticos ilegales marca un punto de inflexión en la política de vivienda en España. El Gobierno de Pedro Sánchez busca frenar la expansión del alquiler vacacional sin licencia y reforzar el parque residencial, mientras Catalunya emerge como uno de los territorios más afectados por este fenómeno. 

Una medida que marca un antes y un después

El debate sobre el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes temas sociales de los últimos años. La presión del mercado turístico, el auge de plataformas digitales y la proliferación de alquileres vacacionales sin licencia han generado un escenario de gran complejidad. Frente a este panorama, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo una decisión que pretende dar un golpe de efecto: revocar el registro de 53.000 pisos turísticos ilegales y obligar a que esos inmuebles pasen a ofrecer alquileres estables.

El cambio no es menor. Supone que decenas de miles de viviendas dejen de operar en un mercado paralelo, muchas veces opaco, y se reincorporen al parque residencial. Según Sánchez, el objetivo es claro: garantizar que esos pisos se destinen de manera permanente a jóvenes, familias y personas que buscan un arrendamiento digno y asequible.

La posición de Salvador Illa

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quiso subrayar la importancia de esta medida desde Catalunya. En un mensaje difundido en la red X, expresó su pleno respaldo a la iniciativa del Ejecutivo central. “Dejarán de ser pisos turísticos para convertirse en viviendas para los ciudadanos y ciudadanas”, señaló. Y añadió con firmeza: “Así es como se lucha contra los abusos y como se protege el derecho a una vivienda digna y asequible”.

Las palabras de Illa refuerzan la idea de que se trata de una política que trasciende los debates partidistas y que pone el foco en un problema real que afecta de forma directa a la población. Su apoyo también refleja que Catalunya es uno de los territorios más expuestos a este fenómeno, con municipios donde el turismo ha condicionado fuertemente la disponibilidad de vivienda.

El mapa catalán de la ilegalidad turística

En Catalunya, los datos muestran la magnitud del reto. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado a las plataformas digitales la existencia de 7.729 pisos turísticos ilegales en esta comunidad. Se trata de alojamientos que nunca llegaron a obtener el número de registro obligatorio, bien por incumplir la normativa, bien por aportar información incompleta o incorrecta.

El problema está especialmente concentrado en determinadas localidades. Barcelona lidera la lista con 1.564 anuncios irregulares, seguida por Lloret de Mar con 517, Salou con 453, Roses con 402 y Sitges con 332. Estas cifras revelan un patrón: los destinos con mayor presión turística son precisamente los que acumulan más infracciones.

Un sistema de control reforzado

El Ministerio explica que desde agosto se ha implantado un mecanismo de vigilancia mucho más estricto gracias a la Ventanilla Única Digital. Esta herramienta permite cruzar datos entre el Colegio de Registradores y las propias plataformas de alquiler. De este modo, resulta más sencillo detectar anuncios que carecen de código válido o que han sido revocados.

Cuando se cancela un número de registro, significa que se ha verificado que la vivienda no cumple las condiciones legales para funcionar como alojamiento turístico. A partir de ese momento, las plataformas tienen la obligación de retirar el anuncio, evitando que la oferta se siga comercializando de manera irregular.

Las implicaciones para el mercado

El impacto de esta medida puede ser significativo. En primer lugar, porque supone la recuperación de un número considerable de pisos que podrían volver a formar parte del mercado residencial. En un contexto donde los precios del alquiler han alcanzado niveles históricos y donde la escasez de oferta es un problema creciente, el retorno de estas viviendas se plantea como un alivio para miles de personas que buscan un hogar.

En segundo lugar, porque la decisión lanza un mensaje contundente a las plataformas digitales. Hasta ahora, muchos de estos portales han operado en un terreno ambiguo, donde la retirada de anuncios dependía en gran medida de la presión de los ayuntamientos o de denuncias ciudadanas. Con esta intervención directa, el Gobierno establece una obligación clara: quien no cumpla la normativa, no podrá seguir en el mercado.

Una lucha con proyección nacional

El caso catalán es uno de los más visibles, pero no es el único. El total de 53.000 pisos turísticos ilegales que serán retirados abarca todo el territorio nacional. El Ejecutivo central insiste en que no se trata de una campaña puntual, sino de un esfuerzo sostenido para garantizar el cumplimiento de la ley y mejorar las condiciones del mercado de la vivienda.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha reiterado que esta medida no es un ataque al turismo, sino un intento de poner límites a los excesos que, en muchos lugares, han expulsado a los residentes de sus propios barrios. En esa línea, la ministra del ramo ha insistido en que el turismo regulado y de calidad es perfectamente compatible con un derecho fundamental como el acceso a la vivienda.

Lo que viene a partir de ahora

El próximo paso será comprobar cómo se ejecuta la retirada de estos miles de anuncios y si las plataformas cumplen con la obligación de eliminarlos. También quedará por ver qué efecto real tendrá sobre los precios y la disponibilidad de vivienda en las ciudades más tensionadas.

En cualquier caso, el movimiento anunciado por Sánchez y respaldado por Illa se presenta como una de las medidas más ambiciosas en materia de vivienda en los últimos años. Su éxito dependerá de la eficacia del control, de la rapidez con que las viviendas vuelvan al mercado residencial y de la capacidad de las administraciones para vigilar que no se reproduzca el problema en el futuro.