Pantalla legal para los fondos digitales: el Estado recurre a despachos de élite para blindar 16.000 millones
Para evitar tropiezos jurídicos, Moncloa contrata firmas como Garrigues, Gómez-Acebo & Pombo y Ramón y Cajal para gestionar los fondos públicos tecnológicos.
La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT o “SEPI Digital”) ha movilizado miles de millones vinculados a los grandes proyectos del Plan de Recuperación Digital.
Ante la complejidad normativa y la urgencia de ejecutar esos recursos antes de la fecha límite de 2026, el Ejecutivo ha externalizado asesorías de alto nivel.
Cada operación contará con respaldo legal para evitar contingencias: desde derechos de propiedad intelectual hasta estructuras contractuales adaptadas a los estándares europeos.
La estrategia revela que el Estado apuesta a blindar sus inversiones digitales frente a litigios, auditorías y fiscalización.
Pero también despierta preocupación: los críticos advierten del riesgo de que esos recursos terminen en honorarios costosos y comisiones legales en vez de inversión productiva.
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