El Consell Territorial de la Pime y la Comissió d'Autònoms de Foment del Treball han mostrado su satisfacción tras la aprobación por parte del Consell de Ministres de una moratoria de dos años para la entrada en vigor del sistema VeriFactu. Esta decisión se considera un paso positivo para facilitar la adaptación gradual de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos a la facturación electrónica, una medida que había sido ampliamente demandada por el sector.
Una reivindicación constante de Foment del Treball
La moratoria responde a una reivindicación sostenida por parte de Foment del Treball durante los últimos meses. La organización empresarial ha mantenido varias reuniones con representantes del gobierno y grupos parlamentarios, donde se insistió en la necesidad de ampliar el plazo de implementación para evitar que las pymes y autónomos sufrieran tensiones operativas y económicas, especialmente debido a la naturaleza del tejido empresarial en España, integrado mayoritariamente por microempresas y autónomos.
Según el Consell Territorial de la Pime, esta moratoria permitirá que las empresas más pequeñas puedan afrontar el proceso de adaptación a la facturación electrónica de manera escalonada y coherente con su realidad. Así, se evitarán riesgos para la viabilidad económica de estas empresas y se fomentará una digitalización más controlada y realista.
La postura de la Comissió d'Autònoms
Por su parte, la Comissió d'Autònoms de Foment del Treball ha subrayado que, aunque el objetivo del sistema VeriFactu no está en discusión, su implantación debe ser flexible y acompañada de apoyo técnico y económico. De lo contrario, advierten, muchos autónomos y pequeñas empresas podrían verse en una situación de desventaja competitiva frente a grandes empresas que cuentan con mayores recursos.
Foment insta al Gobierno a activar mecanismos de apoyo
Con la aprobación de la moratoria, Foment del Treball ha instado al Gobierno a activar lo antes posible los instrumentos necesarios para que la moratoria tenga efectos inmediatos. Además, han pedido que se desarrolle un plan de apoyo específico que contemple:
- Programas de formación y capacitación digital dirigidos a pymes y autónomos.
- Ayudas económicas para la adaptación tecnológica.
- Acompañamiento técnico para una transición ordenada y efectiva.
- Mecanismos de reconocimiento o incentivos fiscales para las empresas que se adapten de forma anticipada al sistema de facturación electrónica.
Un avance para el tejido empresarial
Finalmente, tanto el Consell Territorial de la Pime como la Comissió d'Autònoms consideran que la aprobación de esta moratoria representa un avance significativo en la defensa de los intereses del tejido empresarial, que necesita regulaciones adaptadas a su realidad y a su capacidad de implementación.
Esta medida se ve como una oportunidad para garantizar una digitalización más accesible y menos onerosa, sin poner en riesgo la competitividad de las empresas más pequeñas, que son fundamentales para la economía nacional.
Con esta moratoria, se busca dar tiempo suficiente para que las pymes y autónomos puedan adaptarse al sistema de facturación electrónica de manera ordenada, sin poner en peligro su estabilidad económica y operativa.
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