Vídeo: Un juzgado de Madrid libera con restricciones a los directivos de Plus Ultra mientras sigue la investigación
La resolución judicial establece restricciones de movilidad y comparecencias periódicas para los implicados, mientras la investigación sobre presuntos fondos irregulares y blanqueo continúa bajo secreto de sumario.
La decisión de la autoridad judicial supone un paso clave en la compleja causa que investiga el uso de 53 millones de euros concedidos en forma de rescate a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, y marca un nuevo capítulo en un proceso de alto perfil mediático.
Liberación con medidas restrictivas
El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid acuerda este sábado la libertad con medidas cautelares para tres detenidos por el 'caso Plus Ultra', entre ellos el presidente de la aerolínea, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Fuentes jurídicas confirman que el juez Alfredo Barrera, de guardia, decide la medida aunque la investigación principal sigue en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 y bajo secreto de sumario.
Se establecen medidas como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada quince días. Los tres detenidos pasan a disposición judicial tras haber sido arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a lo largo de esta semana.
Contexto de la investigación
La causa surge a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al "uso indebido" de los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno en 2021 durante la pandemia, así como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en distintos países. La Audiencia Nacional había rechazado la admisión de la denuncia el año pasado por falta de competencia, remitiendo la investigación al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid.
Según la Fiscalía, los fondos ilícitos podrían proceder de actos de malversación de funcionarios públicos venezolanos, específicamente de "fondos públicos de programas CLAP" destinados a la distribución de alimentos básicos subsidiados, y de "ventas de oro del Banco de Venezuela". La denuncia señala también la existencia de una supuesta organización criminal con presencia en Francia, Suiza y España, integrada por "personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español", dedicada al blanqueo de capitales.
Antecedentes y decisiones previas
El mismo juzgado ya había intervenido en enero de 2023, cuando archivó una causa sobre las presuntas irregularidades en la concesión pública a Plus Ultra de los 53 millones, argumentando que el rescate fue aprobado por el Consejo de Ministros y que los imputados "carecían de capacidad de decisión". La Audiencia de Madrid confirmó entonces que no procedía declarar investigado al representante legal de la aerolínea, debido al agotamiento del plazo de 12 meses previsto para el desarrollo de las pesquisas.
El caso Plus Ultra continúa generando atención mediática y jurídica, mientras las autoridades investigan posibles irregularidades de gran magnitud que vinculan decisiones empresariales y fondos públicos internacionales.
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