Consumo multa a Airbnb con 64 millones por anuncios ilegales
La multa, que ya es firme tras agotarse la vía administrativa, castiga a la compañía por publicar anuncios de alojamientos turísticos que carecían de la licencia obligatoria.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado una sanción de 64.055.311 euros contra la plataforma de alquiler turístico Airbnb.
Esta sanción se posiciona como la segunda más alta de la historia en España, solo por detrás de otra multa impuesta anteriormente a la misma plataforma, que ascendió a 108 millones de euros.
Más de 65.000 anuncios irregulares
La investigación del Ministerio ha identificado infracciones graves en un total de 65.122 anuncios. Según Consumo, estas publicaciones incurrían en "prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios" por varios motivos:
Falta de licencia: Los anuncios no incluían el número de registro oficial, contraviniendo las normativas autonómicas.
Datos falsos: Se detectó el uso de números de licencia o registro incorrectos o falsificados.
Publicidad engañosa: Ocultación de información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones.
La resolución no solo conlleva el pago económico. El Ministerio ha impuesto dos sanciones accesorias que obligan a Airbnb a eliminar todos los contenidos ilícitos y a dar publicidad a la multa impuesta. Esta orden de retirada de anuncios ha sido respaldada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en distintos autos.
Una multa ejemplarizante: seis veces el beneficio
El importe de los más de 64 millones de euros no es aleatorio. La cuantía se ha calculado para que sea equivalente a seis veces el beneficio ilícito que Airbnb obtuvo gracias a estas prácticas desde el momento en que fue apercibida por el Ministerio hasta que retiró los anuncios.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha defendido la contundencia de la medida en rueda de prensa este lunes: "Con esta sanción reforzamos la tarea de control frente a las prácticas abusivas en el ámbito de la vivienda. Es una demostración de que, cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún actor económico puede eludir sus obligaciones".
Ofensiva contra el fraude en la vivienda
Esta acción se enmarca en una estrategia más amplia del Ministerio para fiscalizar el mercado inmobiliario. Bustinduy destacó que "hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares".
Además del caso de Airbnb, Consumo mantiene abiertos varios expedientes contra agencias inmobiliarias por abusos a inquilinos. De hecho, la semana pasada se sancionó a la compañía Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por cobros irregulares.
"Ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley", concluyó el ministro.
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