Unió de Pagesos plantea un plan estatal para facilitar la retirada digna de viñas a agricultores mayores de 55 años

Desde el ámbito sindical agrícola, la organización Unió de Pagesos traslada a la administración catalana una propuesta concreta para abordar una problemática que afecta de lleno a cientos de explotaciones vitivinícolas.

Una propuesta dirigida al Gobierno central

Unió de Pagesos solicita a la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat que haga llegar al Gobierno de España la necesidad de crear una ayuda estatal destinada al arranque social voluntario y definitivo de viñedos. La medida se concibe específicamente para viticultores mayores de 55 años que desean abandonar la actividad de manera ordenada y sin penalizaciones económicas tras décadas de trabajo en el campo.

La petición se formula durante una reunión bilateral celebrada esta semana entre representantes del sindicato y responsables del departamento, un encuentro en el que se aborda la situación crítica que atraviesa una parte significativa del sector.

El peso de la edad y la falta de relevo

El sindicato agrario expone que una parte importante de los viticultores de mayor edad no se encuentra en condiciones de afrontar la renovación de las plantaciones. A esta dificultad se suma, según la organización, la ausencia de relevo generacional en muchas explotaciones familiares, un factor que agrava la situación estructural del viñedo.

Unió de Pagesos subraya que estos productores suelen trabajar con viñas envejecidas, lo que incrementa los costes y reduce la competitividad, al tiempo que limita la capacidad de adaptación a un mercado cada vez más exigente.

Costes elevados y años sin rendimiento

Otro de los argumentos centrales de la propuesta radica en el elevado coste económico que implica la replantación. El sindicato recuerda que renovar una viña requiere inversiones importantes y que las nuevas plantaciones no generan producción durante los tres o cuatro primeros años.

Ante este escenario, la organización propone una ayuda económica situada entre los 5.000 y los 6.000 euros por hectárea para el arranque definitivo, ya sea parcial o total, como mecanismo para facilitar una salida digna a los viticultores que deciden cesar su actividad.

Ajustar el mercado del vino

Desde la óptica de Unió de Pagesos, esta medida no solo responde a una cuestión social, sino que también tiene un impacto directo en el equilibrio del mercado. El sindicato considera que reducir el volumen de uva disponible permitiría ajustar la relación entre oferta y demanda y contribuiría a que los productores perciban precios más justos por su cosecha.

La organización defiende que el actual exceso de producción presiona los precios a la baja y dificulta la viabilidad económica de muchas explotaciones, especialmente las de menor tamaño.

El ejemplo francés como referencia

Como antecedente, Unió de Pagesos señala el plan impulsado por el Gobierno francés en la región de Burdeos. Allí, las autoridades destinan 120 millones de euros en 2024 a un programa similar y prevén invertir otros 130 millones el próximo año con el objetivo de reequilibrar el mercado del vino ante la caída del consumo y el aumento del stock acumulado.

El sindicato presenta este modelo como una referencia aplicable al contexto estatal, adaptándolo a las particularidades del viñedo y del tejido productivo de Catalunya.

Producciones bajas y márgenes mínimos

Más allá del arranque voluntario, la organización agraria reclama también ayudas específicas para compensar las bajas producciones derivadas de fenómenos climáticos adversos. Según expone, estas reducciones de cosecha, combinadas con precios insuficientes, dejan márgenes de beneficio prácticamente inexistentes en la campaña actual.

En este sentido, Unió de Pagesos solicita líneas de apoyo diferenciadas para explotaciones con producciones inferiores a 7.000, 5.000 y 3.000 kilos por hectárea, con el objetivo de evitar el abandono forzado de la actividad.

Precios por debajo de los costes

El sindicato recuerda que durante este año los precios percibidos por los viticultores se sitúan por debajo de los costes de producción. En concreto, señala que las variedades tintas se pagan entre 0,27 y 0,30 euros por kilo, mientras que las blancas oscilan entre 0,45 y 0,50 euros.

Estos datos refuerzan, a juicio de la organización, la urgencia de adoptar medidas estructurales que permitan garantizar la viabilidad del sector vitivinícola y ofrecer alternativas reales a los productores de mayor edad.