Gobierno prepara un cambio fiscal para castigar a los caseros que suban el alquiler

El Gobierno de España estudia un giro en su política fiscal sobre vivienda que combina incentivos y penalizaciones para los propietarios. La medida, todavía en debate interno y negociación política, pretende utilizar el IRPF no solo para premiar a quienes congelen o rebajen los alquileres, sino también para reducir los beneficios fiscales de los que incrementen las rentas al firmar un nuevo contrato.

Cómo funcionará la nueva fiscalidad

Actualmente, los arrendadores tributan solo por el 50% del rendimiento neto del alquiler, tras deducir gastos como IBI o comunidad. Esa reducción puede aumentar hasta el 90% si se cumplen condiciones como alquilar a jóvenes, rebajar el precio en zonas tensionadas o realizar rehabilitaciones.

El Ejecutivo plantea modular a la baja esta reducción del 50% para los propietarios que suban la renta al iniciar un nuevo contrato, mientras que las actualizaciones anuales vinculadas al IPC seguirían exentas de cambios. La propuesta introduce una escala progresiva de penalización según la intensidad de la subida, sin eliminar la deducción por completo.

Sumar rechaza la medida y pide prórroga de contratos

El socio minoritario de Gobierno, Sumar, liderado por Yolanda Díaz, considera que la medida es un “privilegio fiscal” insuficiente y reclama una prórroga extraordinaria de los contratos que vencen este año. Argumentan que los incentivos fiscales no frenan la espiral alcista de los alquileres, que ha subido más del 40% en los últimos cinco años.

Según Sumar, la moratoria daría a los inquilinos mayor fuerza negociadora para renovar sin subidas desproporcionadas. De los 632.369 contratos firmados en 2021 que podrían renovarse en 2026, más de 1,6 millones de personas se verían afectadas, cifra que supera los 2,7 millones si se incluyen contratos que acaben en 2027.

La medida requiere aprobación mediante real decreto ley y posterior convalidación en el Congreso, donde el Gobierno necesita el apoyo de sus socios de investidura, un posible obstáculo para su implementación.