Empresarios ante un laberinto laboral yla presión regulatoria en 2026
Entre las obligaciones que más impacto tienen en la gestión diaria destaca el registro horario, que exige a todas las empresas —sin distinción de tamaño— contabilizar digitalmente la duración de la jornada.
El marco laboral en nuestro país afronta un periodo de cambios acelerados que está generando inquietud entre empresas y departamentos de recursos humanos. La combinación de nuevas obligaciones, reformas en tramitación y un uso creciente del real decreto como vía legislativa ha configurado un escenario que los expertos califican de complejo y difícil de anticipar. Así se puso de manifiesto en un encuentro celebrado en Madrid, donde juristas y economistas analizaron los retos que marcarán la gestión laboral en los próximos meses.
Un entorno regulatorio cambiante y sin diálogo social estable
La socia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del despacho Vaciero, Pilar López, advirtió de que en España se está legislando “sin diálogo social y a golpe de normas que, en ocasiones, ni siquiera llegan a aprobarse de forma definitiva”. A su juicio, esta dinámica genera inseguridad jurídica y obliga a las empresas a adaptarse de manera continua a un marco que no siempre está consolidado. “Si fuese empresaria, me daría temor”, afirmó, en referencia a la dificultad de planificar a medio plazo.
El economista Rafael Pampillón, catedrático del CEU San Pau, situó este debate en un contexto de productividad estancada, recordando que España se aleja progresivamente de economías como Estados Unidos o China. En su opinión, la combinación de costes laborales crecientes y baja productividad constituye uno de los principales desafíos para la competitividad.
Registro horario, desconexión digital y teletrabajo: un equilibrio delicado
Entre las obligaciones que más impacto tienen en la gestión diaria destaca el registro horario, que exige a todas las empresas —sin distinción de tamaño— contabilizar digitalmente la duración de la jornada. A ello se suma el derecho a la desconexión digital, que protege a los trabajadores frente a comunicaciones fuera del horario laboral.
Para Charo García, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH), estas medidas cumplen una función de garantía, pero pueden entrar en tensión con la flexibilidad que demandan los profesionales. “En un mundo donde el teletrabajo y la conciliación se han convertido en factores clave, se están dando pasos atrás con un control máximo”, señaló. A su juicio, una eventual ampliación de los mecanismos de supervisión podría afectar a la capacidad de las empresas para atraer talento.
Absentismo: un problema estructural con impacto económico
El encuentro dedicó una parte relevante al absentismo laboral, un fenómeno que en España alcanza niveles elevados y que, según los expertos, tiene un impacto estimado del 6% del PIB, equivalente a unos 25.000 millones de euros anuales. García subrayó que se trata de un problema “estructural” que debe abordarse no solo desde la óptica empresarial, sino como una cuestión social vinculada al estado del sistema sanitario y a la salud mental.
Las compañías, explicó, están intentando responder con programas internos de apoyo psicológico y medidas de bienestar, aunque sin un acompañamiento suficiente por parte de las administraciones. En este contexto, Pilar López defendió la implantación de cláusulas de absentismo en los convenios y contratos, asegurando que en varias empresas ya están ofreciendo resultados positivos.
El SMI sube un 3,1% y se aplica con carácter retroactivo
El panorama regulatorio se completa con la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), acordada entre Gobierno y agentes sociales. El incremento, del 3,1%, se aplica con carácter retroactivo desde enero y sitúa el salario mínimo anual en 17.094 euros brutos, distribuidos en 14 pagas. Se trata de un SMI de carácter general, aplicable en todo el territorio nacional.
Los expertos coinciden en que 2026 será un año marcado por la adaptación normativa, la revisión de procesos internos y la necesidad de equilibrar control, productividad y flexibilidad. Las empresas deberán reforzar sus sistemas de cumplimiento y anticiparse a nuevas obligaciones derivadas de directivas europeas, como la de transparencia salarial, cuya trasposición está en marcha.
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