VÍDEO. Mercosur: El "negocio del siglo" de Bruselas que sacrifica al campo catalán
En una conferencia celebrada en el Palau Macaya, organizada por la Fundación La Caixa, la experta agraria Rosa Pruna desveló los complejos intereses económicos, políticos y estratégicos que se encuentran detrás del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
La intervención de Rosa Pruna, en la conferencia organizada por la Fundación La Caixa en el Palau Macaya, estuvo marcada por un análisis exhaustivo de las implicaciones para el sector agrícola, destacó las desigualdades en los controles comerciales entre ambos bloques y la amenaza que supone para la producción local.
Rosa Pruna, quien ha trabajado como experta agraria en la Comisión Europea y preside la Asociación de Productos Kilómetro Cero, desglosó en su charla los elementos clave que configuran el tratado entre la UE y los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Su principal argumento fue la existencia de un desajuste en las condiciones bajo las que ambos bloques comercializan productos agrícolas. Según Pruna, mientras que la agricultura europea se ve sometida a estrictos controles sanitarios y medioambientales, los productos de Mercosur, en su mayoría, no deben cumplir con los mismos estándares, lo que coloca a los productores europeos en una clara desventaja competitiva.
La experta agraria Rosa Pruna de esta manera ha destapado los intereses ocultos tras el acuerdo con Latinoamérica: coches y tierras raras a cambio de carnes y cereales con fitosanitarios prohibidos en la UE. "Nos han vendido. Entonces y ahora". Con esta contundencia se ha expresado Rosa Pruna.
Un intercambio desigual: Coches por chuletones
El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) no es una cuestión de simple cooperación, sino un tablero de dardos donde la agricultura es el blanco. Pruna ha sido clara: Europa tiene un interés voraz por eliminar los aranceles de su industria pesada —automóviles, farmacia y química—, un ahorro que cifra en 4.000 millones de euros.
Pero hay una moneda de cambio más estratégica y silenciosa: el litio y las tierras raras. Con China dominando el mercado y Brasil como segundo productor mundial de estos materiales críticos para las baterías de los coches eléctricos, Bruselas ha decidido que el precio a pagar es la apertura total a la carne, el azúcar y la soja sudamericanos.
Doble moral con los fitosanitarios
Uno de los puntos más críticos de la charla ha sido la denuncia de la hipocresía normativa. Pruna ha revelado que Brasil ha autorizado 330 sustancias activas (plaguicidas y fungicidas), de las cuales el 60% están prohibidas en la Unión Europea por su toxicidad.
"Es una desigualdad horrorosa", lamenta la experta. "Mientras a nuestros productores se les exigen unos controles estrictos por el bien del medio ambiente y la salud, se permite la entrada de productos que no cumplen ninguna de estas reglas". Lo más sangrante: muchos de estos productos químicos prohibidos aquí son fabricados y exportados desde Europa por grandes multinacionales hacia el Mercosur. "El negocio del siglo: primero el dinero, después la salud", ha espetado.
La herencia de 1992 y el peligro de la deslocalización
Pruna, que vivió las negociaciones de la entrada de España en la UE en 1986 y la reforma de la PAC de 1992, recuerda que el sector primario siempre ha sido el "pariente pobre" en las mesas de Ginebra. Ha recordado cómo Cataluña pasó de 65.000 explotaciones de leche a apenas unas 270 en la actualidad.
Ante un escenario global marcado por la incertidumbre de figuras como Trump o Putin, Pruna hace un llamamiento a la resistencia a través del producto de proximidad. "La explotación familiar no se deslocaliza; si no tenemos producción propia, en caso de conflicto o cierre de canales internacionales, estaremos totalmente indefensos".
Europa pierde el norte
La conferencia ha terminado con una reflexión amarga sobre el rumbo de la Unión Europea, a la cual Pruna define ahora como una "unión burocrática". "Fuimos los más fervientes europeos los primeros diez años porque ganamos mucho, pero ahora Europa ha perdido el norte; es el club de los dormidos", concluyó entre los aplausos de un auditorio que reclama, ante todo, igualdad de condiciones para competir.
La relación comercial entre la Unión Europea y Mercosur tiene raíces profundas que datan de la creación de Mercosur en 1991 y su posterior acuerdo con la UE en 1999. Desde entonces, las negociaciones han sido complicadas por los choques entre los intereses comerciales de ambos bloques. Si bien la UE se ha beneficiado de la apertura de nuevos mercados, el sector agrícola europeo ha sido uno de los más perjudicados por la entrada de productos de bajo coste, exacerbada por la reciente firma del acuerdo final en 2026. A lo largo de los años, las reformas de la Política Agrícola Común (PAC) y las crisis económicas globales han afectado profundamente la competitividad de la agricultura en Europa, que ve cómo los sectores más sensibles, como el ganadero, se ven desplazados por la liberalización del comercio.
La conferencia desató un debate intenso sobre las consecuencias a largo plazo del acuerdo UE-Mercosur. Mientras que algunos sectores agroindustriales celebran la eliminación de aranceles y la ampliación de mercados, productores locales como los de Catalunya y el resto de Europa se sienten abandonados. Pruna, conocida por su defensa del producto local, subrayó que la situación actual pone en peligro no solo la competitividad, sino la viabilidad a largo plazo de la agricultura de proximidad. En este contexto, la inseguridad alimentaria podría ser una consecuencia inesperada de las desventajas estructurales que enfrenta el sector primario.
El sector agroalimentario europeo, especialmente en países como Francia y España, está viendo cómo las explotaciones se reducen, mientras los productos importados ocupan el espacio de mercado. Si bien las exportaciones de productos como el aceite de oliva y el vino podrían beneficiarse de la apertura de nuevos mercados, las dificultades internas continúan creciendo.
Con el acuerdo firmado en enero de 2026, la Unión Europea se enfrenta a un dilema sobre cómo equilibrar la competitividad del mercado con la protección de su sector agrícola. La controversia sobre la entrada de productos sin los mismos controles de calidad y los reajustes en la PAC seguirán siendo un tema candente. A medida que los agricultores europeos demandan más protección frente a la competencia externa, se espera que surjan nuevas reformas y mecanismos para contrarrestar los efectos de la liberalización comercial. El próximo paso será clave para determinar si la Unión Europea se mantiene firme en sus estándares o si, por el contrario, cede ante los intereses industriales en detrimento del bienestar de su sector agrícola.
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