El repunte de los concursos de acreedores y de las ejecuciones hipotecarias tensiona a los juzgados

Un escenario económico cada vez más exigente se refleja con nitidez en la actividad de los tribunales, donde los indicadores dibujan una presión creciente sobre las economías domésticas y una respuesta institucional que trata de amortiguar sus efectos más inmediatos.

Los datos más recientes publicados por el Consejo General del Poder Judicial configuran una radiografía detallada del impacto de las tensiones económicas en España durante 2025. La evolución de los concursos de acreedores, las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos revela un equilibrio frágil entre el deterioro financiero de los hogares y la contención de sus consecuencias más visibles, especialmente en el acceso y mantenimiento de la vivienda.

Una escalada de la insolvencia que se traslada a los hogares

El incremento de los concursos de acreedores se consolida como uno de los fenómenos más relevantes del ejercicio. El número total alcanza los 74.739 procedimientos, lo que supone un aumento del 30 % y confirma una tendencia ascendente que se ha intensificado tras la pandemia.

La característica más significativa de este crecimiento reside en su composición. Las personas físicas sin actividad empresarial concentran 66.571 casos, un 36,3 % más que el año anterior, hasta representar el 89 % del total. Este dato evidencia un desplazamiento claro de la vulnerabilidad económica hacia los particulares, frente a una relativa estabilización del tejido empresarial.

Los concursos de empresas, tanto de personas jurídicas como de autónomos, han descendido ligeramente, lo que sugiere una mayor capacidad de resistencia en el ámbito productivo en comparación con las economías domésticas.

Desde una perspectiva territorial, Catalunya lidera el volumen de procedimientos con 17.504 casos, seguida por Madrid con 13.249, Andalucía con 11.450 y la Comunidad Valenciana con 8.376. Este reparto refleja la concentración de actividad económica y población, pero también señala los focos donde la presión financiera resulta más intensa.

El crédito inmobiliario vuelve a tensionarse

El comportamiento de las ejecuciones hipotecarias refuerza la idea de un deterioro progresivo en la capacidad de pago de los hogares. En 2025 se han iniciado 31.416 procedimientos, lo que representa un aumento del 35,6 %, muy superior al registrado en el ejercicio anterior.

Este repunte se extiende a todas las comunidades autónomas y apunta a una reactivación de las tensiones en el mercado hipotecario, en un contexto condicionado por el encarecimiento del crédito y el endurecimiento de las condiciones financieras en los últimos años.

Catalunya encabeza nuevamente la estadística con 9.370 ejecuciones, seguida de Andalucía con 6.466, la Comunidad Valenciana con 3.530 y Madrid con 2.889. Además, presenta la mayor tasa relativa, con 115 procedimientos por cada 100.000 habitantes, lo que subraya la intensidad del fenómeno en términos proporcionales.

El aumento de estas ejecuciones no solo refleja impagos, sino también el agotamiento progresivo de la capacidad de ajuste de muchas familias ante el incremento de los costes financieros.

La paradoja de los desahucios: menos lanzamientos en un contexto más adverso

En contraste con el aumento de concursos y ejecuciones, los lanzamientos practicados descienden hasta los 25.540, un 11 % menos que en 2024. Esta evolución introduce una aparente contradicción en la lectura global de los datos.

La explicación se encuentra en la naturaleza de los procedimientos. El 71,7 % de los desahucios deriva de casos vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, a impagos de alquiler. Estos han disminuido un 10,9 %, mientras que los relacionados con ejecuciones hipotecarias han caído un 14,3 %.

Catalunya vuelve a concentrar el mayor número de lanzamientos, con 6.814, seguida de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid. Sin embargo, la reducción global sugiere que los desalojos efectivos se están conteniendo, pese al incremento de los procedimientos judiciales.

Este fenómeno responde, en parte, a la prolongación de los plazos procesales y a la aplicación de medidas de protección social que retrasan o suspenden los desalojos en situaciones de vulnerabilidad.

La irrupción de las suspensiones por vulnerabilidad

El informe incorpora por primera vez datos específicos sobre la suspensión de lanzamientos, lo que permite dimensionar el alcance de los mecanismos de protección.

Durante el cuarto trimestre de 2025 se han registrado 2.732 solicitudes de suspensión y se han resuelto 2.559. En ese mismo periodo, los juzgados han acordado paralizar 472 lanzamientos en aplicación de distintos marcos legales, entre ellos el Real Decreto-ley 11/2020.

Catalunya concentra una parte significativa de estas decisiones, lo que refuerza su posición como uno de los territorios con mayor presión judicial en materia de vivienda.

Aunque estos datos son aún preliminares, apuntan a una utilización creciente de los instrumentos legales destinados a proteger a los colectivos más vulnerables, lo que contribuye a explicar la reducción de los desahucios efectivos.

Mercado laboral y litigiosidad económica

El análisis del CGPJ se completa con otros indicadores que permiten contextualizar la evolución económica. Las demandas por despido han aumentado un 3 %, hasta situarse en 164.484, con Madrid y Catalunya a la cabeza.

Por el contrario, las reclamaciones de cantidad han descendido un 4,3 %, y los procedimientos monitorios, vinculados a reclamaciones de deuda, han caído un 16,5 %. Este comportamiento sugiere una cierta moderación en determinados ámbitos de la litigiosidad económica.

En paralelo, los casos de ocupación ilegal de viviendas han disminuido un 20,1 %, aunque Catalunya mantiene el mayor volumen de procedimientos, lo que confirma su protagonismo en la estadística judicial.

Un mapa de tensiones que anticipa desafíos estructurales

La combinación de todos estos indicadores dibuja un escenario de creciente fragilidad en las economías domésticas. El aumento de la insolvencia personal y de las ejecuciones hipotecarias revela un deterioro sostenido en la capacidad financiera de los hogares.

Sin embargo, la caída de los desahucios y la activación de mecanismos de suspensión introducen un elemento de contención que evita, por ahora, un impacto social más abrupto. Este equilibrio, sostenido en buena medida por la intervención normativa y administrativa, plantea interrogantes sobre su sostenibilidad a medio plazo.

El sistema judicial actúa así como un termómetro preciso de las tensiones económicas, reflejando no solo la magnitud de las dificultades, sino también la respuesta institucional ante ellas. La evolución de estos indicadores en los próximos ejercicios será determinante para evaluar si la actual fase responde a un ajuste transitorio o a un cambio estructural en la vulnerabilidad financiera de los hogares.