La Comisión Europea recuerda que los desahucios son competencia de España e insta a proteger los implicados
Un informe del Ejecutivo comunitario subraya que los casos de impago y los procedimientos de ejecución de desahucios corresponden a las autoridades españolas, a pesar de que insta a garantizar protección para todos los implicados y fomentar prácticas de arrendamiento sostenibles y justas.
La acción comunitaria no sustituye las competencias nacionales, pero Bruselas aboga para buscar mecanismos que armonicen los derechos de propietarios y locatarios y refuercen la confianza en el mercado de la vivienda en España.
Competencias nacionales ante la intervención europea
La Comisión Europea aclara que no puede intervenir directamente en los procesos de desahucio en España, puesto que son cuestiones reguladas por el derecho interno. “La situación de los propietarios de vivienda continúa siendo competencia de los Estados miembro”, destaca el Ejecutivo comunitario, recordando que es responsabilidad de cada país investigar estas situaciones y garantizar la protección de los propietarios a través de sus sistemas judiciales.
Este enfoque subraya que la UE solo puede orientar y proponer buenas prácticas sin sustituir las autoridades nacionales en la gestión del sector inmobiliario.
Plan Europeo de Vivienda Asequible y modelos de referencia
Dentro del Plan Europeo de Vivienda Asequible, la Comisión trabaja en la identificación de “modelos y buenas prácticas” que permitan equilibrar los derechos de todos los implicados. El objetivo es proteger pequeños propietarios sin comprometer familias vulnerables y garantizar la disponibilidad de vivienda en alquiler, promoviendo un mercado más estable y sostenible.
Esta iniciativa actúa como guía para aportar transparencia, confianza y referencias que los Estados miembros pueden adaptar a sus legislaciones nacionales.
Reclamaciones de los afectados en España
La Plataforma de Afectados por la Ocupación alerta sobre la prolongación de las medidas adoptadas durante la pandemia para suspender desahucios. Según denuncian, estas decisiones generan “inseguridad jurídica” y trasladan la carga de la protección social a pequeños propietarios, limitando su capacidad para recuperar los inmuebles y afectando la oferta de alquiler.
Algunas familias propietarias tienen que afrontar gastos mientras no pueden disponer de sus viviendas, un impacto directo en su estabilidad económica y en la eficiencia del mercado, según señalan los afectados.
Debate político y perspectivas en el Parlamento Europeo
Durante la comisión de Peticiones, los eurodiputados han expresado posiciones diversas. Dolors Montserrat, del grupo popular, denuncia vulneraciones del derecho a la propiedad y reclama medidas para garantizar desalojos “rápidos y eficaces”, incluyendo la propuesta de una misión de seguimiento en España.
Murielle Laurent, eurodiputada socialista, reconoce que hay “situaciones reales” que afectan los propietarios, pero insiste que hay que analizarlas “con empatía” y dentro de un contexto más amplio de crisis de vivienda, teniendo en cuenta que parte de los desahucios afecta a hogares vulnerables.
Desde Vox, Jorge Buxadé exige más protección para los propietarios y medidas más estrictas, indicando que los incumplimientos representen “una usurpación de la propiedad privada”.
Seguimiento y próximos pasos
Después del debate, la comisión de Peticiones acuerda mantener abiertas las solicitudes, solicitar información adicional a la Comisión Europea y remitir una carta al Gobierno de España para recaudar más detalles sobre la situación, con el objetivo de impulsar prácticas aplicables a nivel nacional que equilibren los derechos de propietarios y locatarios.
Escribe tu comentario