Una empresa de desocupaciones "amenaza y extorsiona" a los vecinos de un bloque de Girona

La Organización Juvenil Socialista del Gironès denunció el caso, lamentando la "normalización de esta violencia" en un proceso que debería ser pacífico y negociado.

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Los Mossos intercediendo con los trabajadores de Desokupaciones CYL

 

Los vecinos de un bloque de pisos en el barrio de La Creueta, Girona, están denunciando que una empresa de desocupaciones les ha estado presionando para que abandonen sus viviendas. El propietario del inmueble es un fondo buitre francés, que lleva varios meses negociando con la mediación del Ayuntamiento de Girona para encontrar una solución para las familias que residen en el edificio, la mayoría de ellas con contratos de alquiler.

Sin embargo, y según informa Diari de Girona la situación ha empeorado con la intervención de la empresa Desokupaciones CYL, que ha visitado el edificio en tres ocasiones. Según los vecinos, los trabajadores de la empresa han "amenazado y extorsionado" a quienes se han negado a firmar las propuestas para desalojar sus pisos.

El malestar entre los residentes es palpable. En un hilo publicado en la red social X, la Organización Juvenil Socialista del Gironès denunció el caso, lamentando la "normalización de esta violencia" en un proceso que debería ser pacífico y negociado.

Durante las visitas de Desokupaciones CYL, tanto la Policía Municipal de Girona como los Mossos d’Esquadra se desplazaron al lugar para prevenir enfrentamientos. Este jueves, la situación llegó a un punto crítico cuando dos regidoras del Ayuntamiento de Girona acompañaron a los vecinos afectados para confrontar a la empresa. Finalmente, el alcalde de Girona, Lluc Salellas, intervino, logrando un acuerdo con la propiedad para que la empresa de desocupaciones cesara sus visitas, permitiendo que las negociaciones con el consistorio puedan continuar sin coerciones.

Este conflicto subraya las tensiones que existen entre los propietarios de grandes fondos y los inquilinos, y cómo la intervención de las autoridades locales es crucial para mediar y proteger los derechos de los residentes. El caso ha generado un amplio debate sobre la ética y legalidad de las prácticas de desalojo forzoso en la ciudad.

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