El apoyo del gobierno al plan marroquí sobre el Sáhara, violación del Derecho Internacional, según 600 juristas

"La decisión del gobierno español de apoyar oficialmente el plan de autonomía propuesto por Marruecos constituye una grave violación del Derecho internacional" han manifestado 600 juristas pertenecientes a la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Los juristas han hecho referencia a la carta que envió Pedro Sánchez al Rey de Marruecos y que fue divulgada por las propias autoridades del país alauita y recuerdan que el derecho a la libre determinación de los pueblos constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional de acuerdo con la Resolución 1514 de la Asamblea General sobre el derecho de los pueblos sometidos a dominación colonial a su independencia mediante la consulta a su población. Como consecuencia de ello, la Corte Internacional de Justicia consideró aplicable dicha Resolución a la descolonización del territorio y reconoció el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de su voluntad. A todo ello cabe sumar la Resolución 658 de 1990 del Consejo de Seguridad que aprobó un Plan de Arreglo negociado por Marruecos y el Frente POLISARIO que preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación y la Resolución 690 de 1991 que creó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), que actualizó el censo en 2000 pero a la que el veto de Francia en el Consejo de Seguridad impidió que concluyese su labor. En dicha consulta el pueblo saharaui hubiera debido decidir entre la independencia del territorio y su integración en Marruecos. A mayor abundamiento, el Derecho Internacional "establece la obligación de todos los Estados de no reconocer una situación derivada del uso de la fuerza, como es la que se deriva de imponer a un pueblo colonial, tras la invasión, un régimen de ocupación por otro Estado, así como la obligación de todos los Estados de no contribuir a la consolidación y legitimación de una invasión".

Los juristas subrayan que España sigue siendo la potencia administradora tal como confirmó la Audiencia Nacional el año 2014, lo que implica que "tiene la obligación jurídica y política de tomar todas las medidas necesarias en orden a garantizar la libre determinación efectiva del pueblo saharaui".

En resumidas cuentas, "la decisión del gobierno español de apoyar oficialmente el plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007 constituye la denegación expresa del ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, y, en consecuencia, una grave violación del Derecho internacional" así como "el reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre la parte del Sahara Occidental que ocupa ilegalmente".