Trump envía por error a un inmigrante a El Salvador y ya no puede recuperarlo
Un error administrativo convierte a un hombre con estatus protegido en una víctima de la brutalidad de la cárcel CECOT en El Salvador
La administración de Donald Trump ha cometido un grave error que ha puesto en peligro la vida de un inmigrante salvadoreño, Kilmar Armando Abrego García, quien había sido protegido contra la deportación debido a los peligros que enfrentaba en su país natal. El 15 de marzo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo deportó a El Salvador por error, a pesar de que tenía protección legal en Estados Unidos debido a un temor legítimo de persecución. Abrego García, quien había huido de la violencia de las pandillas en su país hace más de una década, se encuentra ahora detenido en la infame megaprisión CECOT de El Salvador, un centro conocido por sus condiciones brutales y vinculado a denuncias de tortura.
Un error fatal y la falta de acción del ICE
El ICE ha admitido públicamente el error administrativo que condujo a la deportación de Abrego García a El Salvador, a pesar de que las autoridades sabían de su estatus migratorio protegido. Según un expediente judicial reciente, a pesar de que se le había concedido protección contra la deportación debido a los peligros que corría si regresaba a su país natal, el hombre fue subido a un avión y deportado sin previo aviso.
La familia de Abrego García ha demandado al gobierno de Estados Unidos exigiendo que se prohíban los pagos a El Salvador por la detención de su ser querido y que se solicite su regreso inmediato. Sin embargo, el gobierno de Trump ha argumentado que, dado que Abrego García ya no se encuentra bajo custodia estadounidense, los tribunales de Estados Unidos no tienen jurisdicción sobre el caso, lo que ha dejado a la familia en una lucha legal compleja.
Las circunstancias previas y la controversia sobre las acusaciones
Kilmar Abrego García había solicitado asilo en EE. UU. después de huir de El Salvador en 2011 para escapar de la violencia de las pandillas. Sin embargo, en 2019, el ICE lo acusó erróneamente de ser miembro de la MS-13, basándose en un arresto poco convincente cuando fue detenido mientras usaba una camiseta de los Chicago Bulls en busca de trabajo en un Home Depot. A pesar de no tener antecedentes penales y haber demostrado una historia de trabajo estable, el ICE lo vinculó injustamente a esta peligrosa pandilla.
A pesar de las acusaciones, un juez de inmigración le concedió protección contra la deportación en 2020, suspendiendo su expulsión de Estados Unidos, decisión que el gobierno de Trump no apeló. Sin embargo, a pesar de su situación legal protegida, Abrego García fue deportado el 15 de marzo a El Salvador, donde ahora se encuentra preso en el brutal centro penitenciario CECOT.
Las condiciones en la prisión CECOT y las implicaciones legales
El CECOT, conocido por su violencia y las condiciones inhumanas en las que se encuentran los prisioneros, ha sido durante mucho tiempo un punto crítico de violación de derechos humanos en El Salvador. Los abogados de Abrego García han calificado su deportación a este centro como una "grotesca demostración de poder sin ley", dado que no solo se le ha enviado a un lugar extremadamente peligroso, sino que también se ha ignorado su estatus legal en Estados Unidos.
Esta situación ha provocado una ola de indignación entre defensores de los derechos humanos, quienes acusan a la administración Trump de abusar de su poder y violar las protecciones legales de los inmigrantes. Además, se recuerda que el CECOT ya había sido escenario de otras deportaciones controvertidas bajo la administración Trump, incluidas las de venezolanos que enfrentaron acusaciones similares sin evidencia sólida de sus vínculos con pandillas.
La batalla legal continúa
Mientras la familia de Abrego García lucha en los tribunales para que el gobierno de Estados Unidos devuelva a su ser querido, el gobierno de Trump sigue defendiendo sus políticas de deportación, a pesar de las decisiones judiciales en su contra. Las autoridades han intentado reanudar las controvertidas deportaciones, desafiando incluso una orden judicial de marzo que les obligaba a dejar en suspenso los vuelos de deportación hasta que se pudiera revisar el caso.
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