¿Fraude o democracia en las elecciones venezolanas?: Arrestos, territorio en disputa y un país dividido

Este domingo 25 de mayo, Venezuela celebra unas elecciones regionales y legislativas en un clima marcado por denuncias de persecución política, un ambiente de apatía ciudadana y un polémico intento de proyectar soberanía sobre el Esequibo, un territorio en disputa con Guyana. 

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El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. - Archivo - Europa Press

 

La cita en las urnas se produce apenas diez meses después de unas presidenciales ampliamente cuestionadas por presunto fraude, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador.

En total, están en juego 569 cargos, incluidos 285 diputados nacionales, 260 legisladores regionales y 24 gobernadores, entre ellos el del simbólico estado Guayana Esequiba, a pesar de que Venezuela no tiene control sobre esa región ni consultará a sus habitantes.

Persecución y detenciones en plena campaña

En la víspera de los comicios, la detención del exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa encendió las alarmas. Según el ministro del Interior, Diosdado Cabello, el arresto se enmarca en la desarticulación de un presunto “grupo terrorista” que supuestamente planeaba sabotajes durante la jornada electoral. También fueron aprehendidos el periodista Carlos Marcano y el activista de 84 años Isidro León.

Las imágenes del arresto de Guanipa fueron difundidas por medios estatales. Acusado de intentar “boicotear” los comicios con actos violentos contra embajadas y servicios públicos, el exvicepresidente del Parlamento respondió desde su celda: “Estoy injustamente preso, pero nunca derrotado”.

Amnistía Internacional denunció un “incremento alarmante” de detenciones arbitrarias de activistas y exigió la liberación inmediata de los afectados. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el bloque opositor mayoritario, condenó una “razzia feroz” que, según su líder María Corina Machado, ya suma más de 50 detenidos. Henrique Capriles, candidato a diputado, también se sumó al reclamo por la liberación de Guanipa y denunció un clima de terror institucional.

El Esequibo como pieza electoral y geopolítica

Una de las medidas más controvertidas de estos comicios es la inclusión de cargos para gobernar el Esequibo, una región de casi 160.000 km² que está bajo administración guyanesa y en disputa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El chavismo insiste en que esta es la “región número 24” del país, pese a que la CIJ y la Comunidad del Caribe (Caricom) han pedido a Caracas que se abstenga de incluirla en sus procesos electorales.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó una circunscripción ficticia en el estado Bolívar con 21.000 electores para “representar” al Esequibo en el Parlamento. El Gobierno guyanés ha reiterado que no cederá “ni una pulgada” de su territorio y ha alertado a la comunidad internacional sobre el carácter provocador de esta medida.

Participación menguante y clima de indiferencia

Aunque las autoridades aseguran que el 99,5% de las mesas están listas, la movilización ciudadana es baja. Analistas como Eugenio Martínez y Benigno Alarcón coinciden en que la participación podría no superar el 20%. La población muestra apatía o desconoce la convocatoria, una situación atribuida a la falta de campaña, escasa información oficial y la creciente desconfianza tras las presidenciales de 2024.

Sectores opositores como el de María Corina Machado han llamado abiertamente a la abstención bajo el lema “Yo ya voté el 28 de julio”, en referencia al cuestionado triunfo del opositor Edmundo González, que nunca fue reconocido por el CNE. Machado, actualmente en la clandestinidad, ha sido señalada sin pruebas por altos cargos del Gobierno de estar detrás de supuestas conspiraciones.

En contraste, otras figuras de la oposición como Capriles y Juan Requesens han optado por participar. Requesens, quien estuvo más de dos años detenido acusado de un supuesto intento de magnicidio, compite por la gobernación de Miranda y un escaño parlamentario.

Una elección bajo cerrojo

El Gobierno ha impuesto un férreo control interno durante el fin de semana electoral. Se han restringido los movimientos fronterizos, prohibido las manifestaciones públicas, el consumo de alcohol, el traslado de maquinaria pesada y el porte de armas. Más de 412.000 funcionarios han sido desplegados para “garantizar la seguridad”.

En paralelo, se suspendieron los vuelos desde Colombia y se reforzaron las narrativas sobre amenazas a la paz, sin aportar evidencias. El oficialismo hace campaña bajo el lema “Voto sí, violencia no”, en un intento por proyectar normalidad ante la comunidad internacional.

Elecciones que profundizan la fractura

Más que resolver la crisis institucional, estas elecciones parecen ahondar la división política en Venezuela. Con un sector opositor llamando a la abstención y otro intentando resistir desde dentro del sistema, la jornada se presenta como un termómetro más de una democracia deteriorada, marcada por la represión, la judicialización de la disidencia y una disputa territorial que amenaza con escalar.

Lo que está en juego, más allá de los 569 cargos, es la legitimidad de un sistema que, para muchos dentro y fuera del país, ha dejado de ser representativo.

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