Trump continua tensando la cuerda en California: 2000 militares nuevos de la Guardia Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso más en su política de mano dura con la inmigración al ordenar el despliegue de 2.000 efectivos adicionales de la Guardia Nacional de California. Esta decisión busca reforzar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero ha generado un fuerte rechazo institucional desde el propio estado.

Un despliegue federal sin consentimiento estatal

La medida ha sido anunciada oficialmente por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, a través de la red social X (antes Twitter). En su publicación, aseguró que los soldados estarán bajo mando federal para garantizar la seguridad de los agentes federales durante sus operativos.

Sin embargo, las autoridades californianas han reaccionado con dureza. La Fiscalía del estado ha interpuesto una demanda contra el presidente Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, alegando que la acción es “ilegal” y se ha realizado sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom, contraviniendo el marco legal que regula el uso de la Guardia Nacional.

Una presencia militar creciente en Los Ángeles

Con este nuevo contingente, la cifra total de militares desplegados en la zona de Los Ángeles asciende a 3.700. De ellos, 1.700 ya operan sobre el terreno pertenecientes al 79º Equipo de Combate de la Brigada de Infantería de la Guardia Nacional californiana, según ha confirmado el Mando Norte del Ejército de EE.UU.

Además, se ha notificado la movilización de 700 marines para reforzar la presencia en la región metropolitana de la ciudad, que vive jornadas de alta tensión por las protestas sociales contra las redadas migratorias impulsadas por la Administración Trump.

El choque entre Gobierno federal y estatal

Desde el Ejecutivo californiano se ha señalado que solo se tenía constancia de unos 300 militares en el territorio, pero esperan la llegada de todos los efectivos anunciados por el Pentágono. El gobernador Gavin Newsom no ha autorizado esta movilización, lo que convierte el caso en un nuevo episodio del prolongado conflicto entre las autoridades federales y el estado de California en materia migratoria y de seguridad.

El trasfondo de esta disputa no es solo jurídico, sino profundamente político. Mientras el Gobierno federal insiste en la necesidad de controlar la inmigración con medidas contundentes, las autoridades californianas defienden un enfoque más humanitario y respetuoso con los derechos de las personas migrantes.