Francia exige respuestas tras el polémico desalojo de jóvenes judíos en un vuelo de Vueling desde Valencia

El Ministerio de Exteriores francés ha activado una intensa vía diplomática tras el desalojo de un grupo de jóvenes judíos franceses de un avión de la compañía Vueling en Valencia, ocurrido el pasado miércoles. La controversia ha obligado a París a solicitar información tanto al embajador español Victorio Redondo Baldrich como a la CEO de la aerolínea, Carolina Martinoli, para esclarecer las causas y posibles motivaciones de esta medida.

Contexto del incidente: Seguridad o discriminación

Según un comunicado emitido por Vueling tras el suceso, la expulsión respondió a “un comportamiento que comprometía la integridad del vuelo y la seguridad de pasajeros y tripulación”. Además, la empresa apuntó que algunos de los jóvenes manipularon chalecos y máscaras de oxígeno, acción considerada de “alto riesgo para la aeronave”.

Sin embargo, desde Francia no se descarta que detrás de la actuación haya existido un posible “acto de discriminación” debido a la religión de los afectados, lo que ha elevado la tensión diplomática.

La reacción oficial de Francia: contacto directo y exigencia de aclaraciones

El sábado, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés informó que Jean-Noël Barrot, titular de la cartera, contactó personalmente con Carolina Martinoli para expresar “profunda conmoción” ante los hechos y exigir explicaciones claras. De igual modo, el embajador español en Francia también ha sido consultado para aportar detalles sobre el caso.

Respuesta de Vueling: investigación interna y colaboración internacional

Frente a las acusaciones, la presidenta ejecutiva de Vueling aseguró que se ha iniciado una investigación rigurosa para aclarar los acontecimientos. Los resultados serán compartidos tanto con las autoridades francesas como españolas, según confirmó Martinoli durante su conversación con Barrot.

Este episodio ha encendido el foco sobre las políticas de seguridad y trato a los pasajeros en el sector aéreo, y plantea un debate urgente sobre la posible discriminación religiosa en espacios públicos internacionales. Mientras ambas partes esperan la conclusión de la investigación, el caso sigue bajo escrutinio diplomático y mediático.