El cable de Marruecos a Canarias desafía la legalidad internacional
La instalación de un cable submarino por parte de Marruecos, con conexiones en Gran Canaria y Fuerteventura, ha generado un intenso debate que va más allá de la tecnología.
Aunque se presenta como una iniciativa para mejorar la conectividad digital, el proyecto tiene profundas implicaciones para las Islas Canarias, la Unión Europea y, de manera crucial, para el Sáhara Occidental.
Un proyecto sin consenso y con riesgos para la UE
El problema principal radica en el trazado del cable, que contempla puntos de amarre en territorios del Sáhara Occidental como Tarfaya o Bojador. Según el Derecho Internacional, este territorio es "no autónomo" y está pendiente de descolonización. Por lo tanto, cualquier infraestructura que afecte a sus aguas o recursos requiere el consentimiento del pueblo saharaui, algo que, según la información disponible, no se ha solicitado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado en varias sentencias que cualquier acuerdo con Marruecos que incluya territorio saharaui necesita la aprobación expresa de su pueblo. De este modo, si la UE no se opone a este proyecto, podría ser cómplice de una vulneración del Derecho Internacional, debilitando su credibilidad como defensora de la legalidad y los derechos humanos.
Un movimiento estratégico de Marruecos
Expertos señalan que el cable submarino de Marruecos es más que una simple mejora tecnológica. Se interpreta como una pieza de una estrategia más amplia para integrar el Sáhara Occidental en las redes marroquíes, dándole una apariencia de normalidad a una ocupación que es considerada ilegal por la ONU. Este tipo de proyectos se enmarcan en una política de hechos consumados: consolidar el control sobre el territorio, explotar sus recursos naturales y establecer acuerdos que eluden las resoluciones internacionales. Para Canarias, el riesgo no solo es político; estas infraestructuras podrían convertirse en plataformas para futuros desarrollos logísticos, energéticos o incluso militares, aumentando la proyección marroquí hacia el archipiélago. La respuesta de Canarias, España y la Unión Europea será determinante para decidir si este proyecto fortalece el control marroquí o si, por el contrario, sirve para reafirmar el principio de autodeterminación del pueblo saharaui.
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