Israel bloquea al cardenal de Jerusalén en la misa de Ramos y genera reacciones diplomáticas internacionales
El Patriarcado Latino de Jerusalén denuncia la acción de la Policía israelí como un hecho sin precedentes que afecta la libertad de culto y provoca la protesta de gobiernos europeos, mientras líderes religiosos aseguran que la decisión pone en riesgo la armonía religiosa de la ciudad santa.
La intervención policial coincide con tensiones regionales derivadas de la guerra en Gaza y los conflictos relacionados con Irán, provocando alarma entre comunidades cristianas y autoridades internacionales que consideran la medida desproporcionada y preocupante para la seguridad y la convivencia en los lugares sagrados.
Prohibición de acceso y reacción del Patriarcado
El Patriarcado Latino de Jerusalén asegura que la Policía israelí ha interceptado la comitiva privada encabezada por el cardenal Pierbattista Pizzaballa, jefe de la Iglesia Católica en Tierra Santa, cuando se dirigía a la iglesia del Santo Sepulcro, obligándolos a dar media vuelta. Según el comunicado del Patriarcado, "impedir la entrada del cardenal y del custodio, que ostentan la máxima responsabilidad eclesiástica para la Iglesia Católica y los Santos Lugares, constituye una medida manifiestamente no razonable y desproporcionada".
También fue rechazado el custodio de Tierra Santa, el reverendo Francesco Ielpo. La institución lamenta la decisión como "precipitada y fundamentalmente errónea, viciada por consideraciones inapropiadas, que representa una desviación extrema de los principios básicos de razonabilidad, libertad de culto y respeto al statu quo".
El Patriarcado expresa "profundo pesar a los fieles cristianos en Tierra Santa y en todo el mundo por la imposibilidad de rezar en uno de los días más sagrados del calendario cristiano".
Justificación de la Policía israelí
La Policía israelí argumenta que la decisión responde a motivos de seguridad siguiendo instrucciones del Ejército en el marco de la guerra contra Irán. Según su comunicado, "de acuerdo con las directrices del Comando del Frente Interno, todos los lugares sagrados de la Ciudad Vieja de Jerusalén han sido cerrados al acceso de los fieles, en particular aquellos que no cuentan con un espacio protegido".
Añaden que la solicitud del Patriarcado fue revisada y "no puede ser aprobada por las mismas razones detalladas anteriormente", considerando que la Ciudad Vieja y los lugares sagrados "constituyen una zona compleja que impide el acceso de vehículos de emergencia y rescate de gran magnitud, lo que representa un desafío significativo para las fuerzas de seguridad y constituye un peligro real para la vida humana en caso de un incidente con múltiples víctimas".
Reacción diplomática italiana
El Gobierno italiano, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, ha criticado la medida. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, asegura en redes sociales que "quiero expresar mi más profunda solidaridad con el Patriarca de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, y con el Custodio de Tierra Santa, Padre Francesco Ielpo", calificando la prohibición de "inaceptable".
Tajani también señala que "por primera vez, la Policía israelí ha impedido a los líderes de la Iglesia Católica celebrar la misa de Domingo de Ramos en uno de los lugares más sagrados para millones de creyentes en todo el mundo". Italia ha presentado una protesta formal ante el Gobierno israelí y convocará al embajador de Israel en Roma para exigir aclaraciones inmediatas.
Condena internacional y apoyo de Francia y Jordania
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha declarado en redes sociales que "ofrezco mi pleno apoyo al Patriarca Latino de Jerusalén y a los cristianos de Tierra Santa, a quienes se les impide celebrar la misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro", criticando "esta decisión de la Policía israelí, que se suma al preocupante aumento de las violaciones al estatus de los Santos Lugares en Jerusalén".
Por su parte, Jordania, garante de la Explanada de las Mezquitas, ha rechazado la medida "en los términos más enérgicos", considerándola "una flagrante violación del derecho internacional, del derecho internacional humanitario y del statu quo jurídico e histórico vigente, así como una violación de la libertad de acceso y restricción a los lugares de culto".
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