Los Comuns denuncian a "Deport Them Now" ante la Fiscalía por incitar al odio y violencia racista

El diputado en el Parlament de Catalunya Andrés García Berrio (Comuns) y el teniente de alcalde de Mataró, Sergi Morales Díaz (En Comú Podem), han presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Barcelona contra el grupo de ultraderecha radical Deport Them Now, al que acusan de incitación al odio, promoción de la violencia racista y constitución de una asociación ilícita.

La denuncia señala que el Juzgado de Instrucción número 1 de Mataró ordenó recientemente prisión preventiva para Christian L.F., presunto fundador del grupo, tras una investigación que reveló su implicación directa en la difusión de mensajes de carácter xenófobo a través de Telegram e Instagram. Entre los mensajes interceptados figura una llamada explícita a “convocar cacerías” contra ciudadanos de origen marroquí en la localidad murciana de Torre Pacheco, lo que habría generado un clima de hostilidad que derivó en diversas agresiones.

Los denunciantes aportan además documentación que vincula a Deport Them Now con acciones violentas en Catalunya, como el ataque a un restaurante en Barberà del Vallès o una manifestación con simbología nazi en Mataró. También advierten de posibles vínculos del grupo con cargos públicos de Vox, señalando la presencia del detenido en actos organizados por dicha formación, donde se corearon lemas como “Remigration” o “Los españoles somos superiores”.

García Berrio y Morales solicitan que la Fiscalía abra diligencias para identificar a los miembros del grupo en Catalunya, investigar los hechos violentos registrados en municipios como Sabadell, Terrassa, Piera y Barcelona, y determinar posibles responsabilidades penales. Además, piden a la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra que analice los vínculos entre Deport Them Now y representantes de Vox en Catalunya.

A su juicio, las acciones del grupo no pueden ampararse en el derecho a la libertad de expresión y podrían constituir delitos de odio, incitación a desórdenes públicos y pertenencia a organización criminal, tal como recoge el Código Penal. La Fiscalía deberá valorar ahora si abre una investigación penal sobre los hechos denunciados.