“El agente suizo”: un formidable escándalo de evasión de capitales y divisas en la España de los años 50
El periodista e historiador Enrique Faes reconstruye el asunto que conmovió España cuando, con la detención a finales de 1958 del funcionario suizo de banca Georges Laurent Rivara, se descubrió una amplia red de evasión de capitales y divisas entre gente principal de Barcelona, Madrid y el País Vasco
Acudo a mi cita con Enrique Faes en el Avenida Palace de Barcelona pero me dicen en recepción que no le conocen. ¿Le habrán detenido en la puerta de este establecimiento hotelero barcelonés como le ocurrió en 1958 a George Laurent Rivara? Recobro al punto la tranquilidad cuando le veo aparecer en compañía de la responsable de prensa de Galaxia Gutenberg donde acaba de publicar. “El agente secreto. Fuga de capitales en la España de Franco”, prolija y, a la vez entretenida, descripción del mayor escándalo de evasión de capitales y tráfico de divisas ocurrido en la España de los años cincuenta.
Hay proyectos que surge de forma imprevista y tal fue lo que ocurrió al citado periodista e investigador cuando, trabajando en el Archivo general de la Administración de Alcalá de Henares, se tropezó doce cajas de legajos sobre dicho tema. Como por el hilo se saca el ovillo, empezó a leer documentos y se dio de bruces con el mayor escándalo del citado carácter que afectó a personas principales de aquella sociedad, principalmente de Barcelona, Madrid y el País Vasco. Fue suficiente como para capturar su atención e iniciar una investigación que le llevó a trajinar entre informes policiales, documentos del Tribunal de Delitos Monetario, Instituto Español de Moneda Extranjera y Ministerios de Comercio y Hacienda, así como actas del Consejo de ministros sobre aquel asunto “cuya trascendencia vino dada por una singularidad: la publicación con nombre y apellidos de los 872 posibles defraudadores de la Hacienda pública en el mismísimo Boletín Oficial del Estado”.
¿Cómo saltó la liebre? Hemos de situarnos en aquellos años en los que en España daba sus últimos coletazos la autarquía y la posesión de capitales o el tráfico de divisas con otros países estaban severamente prohibidos o sometidos a rigurosas restricciones. No es extraño que el Estado siguiera la pista de algunos extranjeros que visitaban el país periódicamente para entrevistarse con gente principal sin que se conociese el motivo. Faes cree que pudo haber algún chivatazo sobre la actividad desplegada en este sentido por el funcionario suizo de la SBS Georges Laurent Rivara y que se le siguiesen los pasos hasta adquirir la certeza de su actividad ilegal. De ahí su detención a las puertas del hotel Avenida Palace en el que se alojaba, de donde fue conducido a la Jefatura Superior de Policía de Vía Layetana para interrogado y privado de libertad conducirlo finalmente a Madrid.
Rivara acabó confesando, entre otras razones porque la policía había descubierto ciertos papeles comprometedores en su propio vehículo, lo que motivó el procesamiento de la indicada cantidad de implicados. “La operativa de Rivara giraba en torno a ciertos colaboradores locales; así el notario Trías de Bes en Barcelona, un subdirector del Banco de Bilbao -del que había sido empleado en Suiza con anterioridad- en Madrid y el propietario de las galletas Artiach en el País Vasco”.
La publicación de la identidad de los implicados en el BOE constituyó un auténtico terremoto social que alcanzó al Consejo de ministros en un momento en que la incorporación de los tecnócratas estaba abriendo camino al proceso de estabilización y apertura económica. El autor recuerda que ente la mirada atónita de Franco colisionaron las diferentes tendencias representadas en su seno. Por una parte, los ministros de Comercio -Ullastres- y Hacienda -Navarro Rubio- que trataron de reconducir la situación con algún tipo de amnistía a fin de conseguir la repatriación de capitales evadidos y/o el pago de los impuestos defraudados; y, por otra, los falangistas, que utilizaron el escándalo como arma contra los tecnócratas tratando de capitalizar la indignación popular, tal cual se repitió años más tarde en el caso Matesa. “Al final todo quedó más o menos en agua de borrajas, solo hubo 369 sancionados, muchos de los cuales no se vieron excesivamente perjudicados porque el Gobierno acabó dictando nuevas normas de carácter económico y fiscal que deshincharon la burbuja.
Como en todas las cosas de esta vida, hubo ganadores y perdedores, o, por mejor decir, perdedor: el desafortunado Rivara, que padeció prisión en España y donde, además de la persecución legal, sufrió las demandas de alguno de sus clientes, como fue el caso de Jaime de Semir Carroz (su incidente fiscal no debió tener consecuencias graves: diez años después el gobierno español le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil) o de Ricardo Gorina de Sabadell, e incluso padeció un sospechoso accidente (se partió el fémur y tuvo que ser ingresado en la clínica Ruber); amén de, seguidamente y a su regreso a Suiza, un calvario por haber traicionado el sacrosanto secreto bancario. “Perdió su trabajo y falleció al poco tiempo”, nos dice Faes, quien tuvo ocasión de hablar con su hijo. “Me recibió con sorpresa porque lo ocurrido con su padre fue un tema tabú que no se comentaba y tuvo la atención de facilitarme algunos detalles”. En todo caso, lo ocurrido certifica una vez más que el mayor perjudicado acaba siendo siempre el mensajero.
Y ¿quiénes fueron los ganadores? Desde luego no el Estado, que acabó recaudando una cantidad ridícula -poco más de 60 millones de las antiguas pesetas- en concepto de sanciones e impuestos atrasados. Pero sí en cambio los policías que destaparon y siguieron el caso, quienes se embolsaron el diez por ciento de lo ingresado por Hacienda en virtud de lo que preveía la norma aplicable en aquellos casos. ¿Conocieron a priori la posibilidad de obtener aquel momio? “No me consta, pero no sería aventurado sospechar que pudieron tener alguna información al respecto. Lo cierto es que supe que la viuda de unos de ellos sigue recibiendo pagos del Estado por dicho concepto”.
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