Justino Sinova desmitifica la situación de la prensa durante la Segunda República

En torno a la segunda experiencia republicana se han escrito numerosos estudios tanto por parte de los historiadores españoles, como de los extranjeros, estudios que han contribuido a conocer aquella etapa histórica. Pero lo cierto es que en tales análisis han pesado mucho numerosos prejuicios o estereotipos, intencionados o no, que han acabado deformando una realidad que las fuentes primarias puntualizan o simplemente desmienten. Justino Sinova se propuso analizar cuál fue la situación de la prensa durante aquella década y en qué medida el régimen republicano favoreció la libertad de expresión. Con un resultado que será para muchos desconcertante. Porque como afirma dicho autor en “La prensa en la Segunda República española. Historia de una libertad frustrada”, “la versión idílica que se ha construido sobre este régimen lo ha integrado entre los más liberales y generosos de la historia, al tiempo que ha negado cualquier atentado a la libertad de las personas, En este contexto, se ha entendido que la Segunda República fue un régimen de libertad de expresión en todos los ámbitos. Pero esa versión tiene poco que ver con la realidad”. 

Se trata de un texto que tiene ya dos décadas de antigüedad pero que Almuzara ha reeditado muy oportunamente con una nueva versión, como se decía antes, “corregida y aumentada”, cuya lectura resulta imprescindible para quienes deseen conocer cabalmente una década idealizada muy por encima de la realidad. Porque lo cierto es que durante los años de “normalidad” republicana, los sucesivos gobiernos no dejaron de coartar sistemáticamente con diversas herramientas jurídicas y administrativas la libertad de prensa. Y así Sinova puede afirmar que “en cuanto a la política de prensa y a la defensa de la libertad de expresión, la Segunda República fue sumamente hipócrita pues proclamó plena libertad, pero de inmediato la revocó”.

El régimen republicano un tuvo nunca una Ley de Prensa propiamente dicha -pese al proyecto de Gil Robles durante su permanencia en el gobierno, cuyo proyecto fue rechazado por todos los partidos, de uno u otro signo- y se limitó a restablecer al efecto la legislación de la Restauración para hipotecarla seguidamente con el Estatuto del gobierno provisional primero y la Ley de Defensa de la República seguidamente, “una ley de excepción que ponía en manos del gobierno resortes extraordinarios y peligrosos para luchar contra la violencia, sí, pero también contra los disidentes”. Y ello porque la praxis administrativa se ejerció de forma sectaria contra cuantos disintieran del nuevo régimen. Algo de lo que Sinova culpa con particular insistencia a Azaña, quien “sentía verdadera aversión hacia los periodistas” de los que “no se hacía querer, sino temer”.

Las limitaciones y la política represiva del gobierno provisional y del primer bienio republicano tuvieron su continuidad durante el llamado “bienio negro”, sobre todo tras la revolución de Asturias, de cuya propagación se culpó en buena medida a cierta prensa. Se utilizaron para ello numerosas herramientas: multas, decomiso de ediciones, clausura temporal de periódicos (tras el intento de golpe de Estado de Sanjurjo un total de 172) y, sobre todo, mediante la censura que se ejercía desde los Gobiernos Civiles y en Cataluña por la Generalidad), lo dio lugar también a una cierta picaresca como la existencia de “directores de paja” o la asunción de responsabilidades periodísticas por diputados afines protegidos por la inmunidad parlamentaria (de 473 suplicatorios presentados solo se concedieron tres)

A partir de las elecciones de febrero de 1936 (que recuerda que porcentualmente fueron ganadas por las derechas con un 53’7 % de los votos, frente al 46’3 % de la izquierdas, aunque el sistema electoral benefició a estas últimas con 259 diputados frente a 191 de las primeras)  “hasta el estallido de la guerra el estado de alarma es permanente y la censura prensa se ejerce sin interrupción” por lo que Sinova concluye que “nadie podía suponérselo entonces, pero el sometimiento de la prensa de España al poder político se prolongaría desde ese momento, bajo una su otras formas, cuarenta años”.