Vilanova i la Geltrú crea un protocolo para combatir okupaciones conflictivas

Vilanova i la Geltrú ha aprobado un protocolo para aplicar la modificación de la Ley de vivienda y del Código Civil que contempla que los ayuntamientos puedan actuar en el caso de las viviendas okupadas que traen problemas de convivencia o seguridad, en caso de que sean de grandes tenedores y que estos propietarios no actúen para activar el desahucio.

Según el alcalde, Juan Luis Ruiz, el protocolo para impulsar los desahucios en el caso de okupaciones delincuenciales y conflictivas, “es una herramienta más que tenemos desde el Ayuntamiento para poder luchar también contra este tipo de okupaciones. Nos sumamos a lo que ya han hecho otros ayuntamientos, aprovechando la posibilidad que nos da la ley para poder impulsar este tipo de desahucios”.

Por su parte, la concejala de Vivienda, Iolanda Sánchez, ha explicado que “el Ayuntamiento puede actuar de instancia o de oficio cuando constatemos a través de informes de la policía que existen actividades delincuenciales, que alteran el orden público, que existen problemas de convivencia graves en esta vivienda, ya partir de ahí se comprueba que la vivienda es de un gran tenedor, y se inicia un procedimiento administrativo para, en caso de que el propietario no actúe por desemplearlo, pedir a los juzgados que activen el desalojo”.

Los supuestos para salir adelante, aparte de que sea de un gran tenedor y que éste no actúe cuando se le requiere, es que sea una okupación conflictiva o delincuencial por: que genere un problema de convivencia con el vecindario; que se lleven a cabo actividades delictivas, o una alteración o uso inadecuado del inmueble que puedan comportar algún riesgo o peligro para el vecindario.

Tanto el alcalde como la concejala han destacado el problema social, que va más allá de las cuestiones policiales, lo que está detrás de las okupaciones. “Aunque es un tema de vivienda, realmente es una problemática social. El problema de vivienda es básicamente que no tenemos oferta, y que aquí debemos poner todos los esfuerzos, por eso el gobierno está trabajando para activarlo” , han apuntado.

El nuevo protocolo establece la coordinación interna para realizar todo el procedimiento, que es complejo administrativamente, para agilizar la labor entre la Policía Local y los Mossos d'Esquadra, que son los que hacen el informe sobre conflictividad, y varios departamentos del Ayuntamiento: la concejalía de Vivienda, de Acción Social para determinar toda la casuística y realizar un seguimiento coordinado, además de Servicios urbanos y mantenimiento y Servicios jurídicos.