Mano dura en Lloret: El Ayuntamiento arremete contra el intrusismo turístico y multa a ilegales

l Ayuntamiento de Lloret de Mar, en la comarca de la Selva, ha dado un paso firme en la lucha contra los pisos turísticos ilegales al imponer sanciones económicas a 23 alojamientos no autorizados. Cada uno de estos inmuebles ha sido multado con 20.000 euros, en una medida que busca poner fin al intrusismo en el sector turístico y garantizar que la actividad se realice de forma legal, ordenada y responsable.

Estas sanciones son las primeras que se aplican desde la activación del plan “Lloret Actúa”, una iniciativa municipal que combina la labor de dos inspectoras especializadas en Viviendas de Uso Turístico (VUT) y el apoyo de la unidad administrativa de la Policía Local.

Tecnología y control presencial: la fórmula para detectar infracciones

El operativo ha contado con el uso de una herramienta digital proporcionada por la Generalitat, diseñada para localizar posibles viviendas en situación irregular. Una vez identificados estos pisos a través del rastreo online, los equipos municipales verifican in situ que efectivamente se está desarrollando la actividad sin los permisos correspondientes.

Gracias a esta metodología, el consistorio ha logrado actuar de manera más ágil y precisa, detectando aquellos pisos que operan al margen de la legalidad y que suponen una amenaza directa para el turismo regulado.

Una apuesta clara por un turismo regulado y sostenible

El alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha subrayado el firme compromiso del gobierno local con la defensa de un modelo turístico basado en la legalidad y la equidad. En palabras del propio alcalde, el objetivo es “construir un entorno turístico donde todos compitan en igualdad de condiciones y se respeten las normativas que garantizan la convivencia y la seguridad”.

Este enfoque busca no solo frenar el crecimiento de alojamientos no autorizados, sino también proteger a los operadores legales que cumplen con sus obligaciones y contribuyen activamente al desarrollo económico del municipio.

Multas por infracción grave: hasta 60.000 euros y cierre de la actividad

Según la normativa vigente, alquilar un piso como vivienda turística sin la correspondiente licencia constituye una infracción grave. Las consecuencias pueden ir más allá de la multa económica, ya que también se contempla el cierre temporal de la actividad.

El importe de las sanciones se determina en función de diversos factores, como el beneficio económico ilícito obtenido por el propietario, el grado de intencionalidad, la relevancia social de la infracción y la posible apariencia de legalidad con la que se ofrece el servicio.

En este caso, las multas de 20.000 euros por vivienda representan una clara advertencia a quienes optan por operar fuera del marco legal. No se descarta que, en futuras inspecciones, los importes puedan elevarse si se detectan agravantes o reincidencias.