La Costa Brava está expulsando a sus residentes: la odisea de 2 años para alquilar un piso

La crisis de acceso a la vivienda en la Costa Brava se está convirtiendo en un fenómeno estructural que afecta directamente a sus residentes. Soraya Giménez, vecina de Roses desde hace 16 años, ha vivido en carne propia una verdadera odisea: dos años buscando un piso de alquiler estable. Su caso, recogido por el medio local Empordà Info, refleja el desplazamiento silencioso de muchos vecinos, víctimas de un mercado inmobiliario saturado por el turismo, el alquiler temporal y la escasez de vivienda pública.

“Lo que encontraba eran pisos turísticos, de temporada o alquileres imposibles de pagar: 800 euros al mes”, explica Giménez. “Además, tener dos perros complicaba todavía más las opciones”. Madre soltera y con un hijo con discapacidad, su situación fue extremadamente delicada desde que la propietaria del piso donde vivía le comunicó que lo vendería por la subida de la hipoteca.

En Roses, según datos del INE, el 68,1% de los inmuebles están vacíos o destinados a segunda residencia. Mientras tanto, más de 7.000 pisos permanecen desocupados, mientras vecinos como Soraya no pueden encontrar una vivienda digna. “Estos dos años no me he quedado en la calle, pero lo he pasado muy mal. Quiero hacer las cosas bien, pero parecía que no era suficiente”.

Durante ese tiempo, el piso donde vivía se enseñaba a potenciales compradores. “Recibir visitas mientras sabes que tienes que irte genera mucha angustia”, añade. Publicaba anuncios, pedía ayuda en redes y hasta sus amigos en Soria compartían su búsqueda. Finalmente, gracias a una amiga, logró encontrar un piso de 550 euros, con dos habitaciones, antiguo pero tranquilo, cerca de la Ciutadella. “No quiero lujos, quiero tranquilidad y poder seguir viviendo aquí, en Roses”.

Giménez denuncia: “La situación de la vivienda es terrible, pero en Roses es dramática. Lo más triste es que quienes lo sufrimos somos de aquí, trabajamos aquí, aportamos aquí. El turismo tiene hoteles y cámpings, pero la gente del pueblo también necesita vivir”.

Cuando pidió ayuda en Servicios Sociales, le preguntaron si tenía familia. “Les dije que en Soria, y me dijeron si había pensado en volver. Pero no quiero irme. Mi hijo está en Altem, aquí recibe una atención digna. He aprendido el catalán, amo este lugar. No tengo por qué marcharme”, afirma con contundencia.

Un derecho básico, no un privilegio

“Vivir y trabajar en el pueblo donde haces raíces no debería ser un privilegio, sino un derecho”, reivindica Giménez. Su experiencia visibiliza una problemática cada vez más extendida: “Aquí en Roses casi todos quieren alquilar solo en verano, pero si a los del pueblo no nos dejan vivir aquí, ¿quién trabajará para los turistas?”.

Tras cerrar su propio negocio hace un año, ahora trabaja en una pastelería local. “Sigo contribuyendo a la economía del pueblo, como tantas personas que solo quieren vivir dignamente”. Con el nuevo piso ya asegurado, se concentra ahora en apoyar a su hijo para que pueda encontrar trabajo. “Todo el mundo debería tener la oportunidad de sentirse parte de una comunidad”, concluye, invitando a reflexionar sobre el modelo de pueblo que se quiere construir.