El Parlament de Catalunya acogió la tarde de este miércoles la firma del Pacto por el Padrón, una iniciativa impulsada por más de 200 entidades sociales catalanas y respaldada por la mayoría de los grupos parlamentarios.

El acuerdo tiene como objetivo garantizar el acceso universal al padrón municipal en todo el territorio catalán, sin discriminación por situación habitacional, y promover prácticas comunes entre los ayuntamientos para evitar desigualdades en su gestión. El acto ha contado con la participación de representantes institucionales y entidades sociales que han trabajado durante años en la defensa del derecho al empadronamiento como puerta de entrada a servicios básicos como la sanidad, la escolarización o las ayudas sociales.

El empadronamiento es un registro administrativo obligatorio tanto para los ciudadanos como para las administraciones locales. Así lo establece el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (RD 1690/1986). Sin embargo, la aplicación de esta normativa ha sido desigual entre municipios, generando controversias en diversos municipios catalanes.

Una radiografía con luces y sombras

Barcelona ha alcanzado recientemente su máximo histórico de población empadronada, con 1.718.149 habitantes en septiembre de 2024, según datos oficiales. Este crecimiento demográfico va acompañado de una multiplicación por 16 del número de personas extranjeras residentes en la ciudad desde 1997, lo que evidencia una transformación social profunda y sostenida.

Pese a este crecimiento, un informe de la Red de Entidades por el Padrón (2024) señala que más de 40 municipios catalanes —incluyendo Badalona, Lleida, Martorell, Santa Coloma de Gramenet o Salt— presentan trabas o exigencias adicionales a la hora de empadronar a personas sin contrato de alquiler o en situación de vulnerabilidad.

Jurisprudencia, informes y tensiones políticas

El Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya ya advirtió en 2019, en un informe elaborado por Juli Ponce y Amaya Orio, que utilizar el padrón con fines distintos a los previstos en la ley podía conllevar la vulneración del derecho a una buena administración, e incluso responsabilidades penales. Años después, pese a los cambios normativos, se siguen registrando problemas similares.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Martorell, liderado por el alcalde Xavier Fonollosa (Junts), ha rechazado empadronar a personas que ocupan viviendas sin título legal. "De un delito no pueden nacer derechos", ha argumentado el edil en varias ocasiones, postura por la cual su consistorio enfrenta actualmente demandas judiciales. Desde Junts, incluso se propone reformar la ley estatal para impedir el empadronamiento de ocupas, proponiendo que la Generalitat se encargue de los casos no empadronables.

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Un debate que divide al mundo municipal

El debate sobre el padrón ha crecido en intensidad en los últimos años. El alcalde de Calella, Marc Buch, ha pedido una reforma completa del sistema, considerando que “no se puede tolerar empadronar a una persona en una cueva o un banco”. A su juicio, el padrón actual genera efectos no previstos y sobrecarga los servicios públicos. Sant Cugat, Figueres y Sant Vicenç de Castellet también han endurecido sus protocolos de verificación para evitar empadronamientos que consideran “ficticios”.

Por el contrario, consistorios como Tarragona, El Vendrell o Vilafranca del Penedès, gobernados por el PSC, aseguran estar aplicando correctamente la normativa vigente. Isabel Mascaró, concejala en Tarragona, sostiene que siguen el decálogo establecido por la Generalitat para garantizar el empadronamiento sin discriminaciones.

¿Empadronar a quien vive en la calle?

Una de las frases que ha encendido el debate en las últimas semanas ha sido la del secretario general de Junts, Jordi Turull, quien expresó que “no es lógico empadronar a una persona que dice que vive en el río”, argumentando que ello solo sirve para crear “bolsas de marginalidad”. Sus palabras han sido criticadas por sectores que consideran que el padrón debe reflejar la realidad social, no invisibilizarla.

Según el reglamento estatal, las personas sin hogar pueden empadronarse con un informe de servicios sociales, y negarles ese derecho puede considerarse una discriminación administrativa. Entidades sociales como Cáritas, sindicatos de inquilinas y plataformas por los derechos sociales reclaman reglas del juego claras y una armonización legal que no dependa de la voluntad política de cada alcalde.

El Parlament se posiciona

La firma del Pacto por el Padrón ha sido también una respuesta institucional a esta disparidad. El Parlament aprobó recientemente una moción que propone sanciones para aquellos ayuntamientos que obstaculicen el empadronamiento, instando a que toda persona residente de facto sea registrada, independientemente de su situación administrativa o tipo de vivienda.

Desde ERC, el alcalde de Amposta, Adam Majó, subraya que empadronar es un deber institucional, aunque reconoce que los ayuntamientos a menudo no tienen herramientas suficientes. Por su parte, Jordi Viñas, alcalde de Salt y diputado republicano, reclama un pacto político amplio para definir criterios comunes, evitando que el padrón se convierta en un campo de batalla ideológico o electoral.

Más que un trámite, un derecho

El acto de este miércoles ha sido descrito por sus impulsores como "un paso firme hacia la igualdad de trato en el acceso al padrón en toda Catalunya". Aunque el pacto no tiene fuerza legal inmediata, se interpreta como una hoja de ruta consensuada para presionar a las administraciones locales y promover cambios normativos a medio plazo.

El empadronamiento no es solo un trámite burocrático. Es, como han recordado numerosas entidades durante la presentación del pacto, la llave para acceder a derechos básicos y el reflejo más directo de una política de acogida, inclusión y reconocimiento. Que esa llave no se convierta en un candado dependerá del compromiso político, legal y social de los próximos años.