Malgrat de Mar se queda prácticamente sin policía en plena temporada turística: el 90% del cuerpo está de baja

Un cuerpo policial al límite

La Policía Local de Malgrat de Mar afronta una situación insólita: de 52 agentes, 50 han estado de baja médica, dejando solo dos funcionarios activos para garantizar la seguridad del municipio. Esta circunstancia extraordinaria supone que el 96% del cuerpo no puede desarrollar sus funciones habituales, generando alarma entre la población y las autoridades locales.

Según los sindicatos, la situación se ha desencadenado después de que se hayan anulado las vacaciones que muchos agentes ya habían programado para este agosto, sumado a las condiciones laborales que consideran insostenibles.

Cronología del conflicto

Las negociaciones entre sindicatos y Ayuntamiento han comenzado a finales de 2024 y parecía que había voluntad de acuerdo. No obstante, a finales de marzo de 2025, el consistorio ha interrumpido unilateralmente las conversaciones, según señala el comunicado del sindicato SIP-FEPOL.

Esta decisión ha bloqueado la renovación del convenio colectivo, caducado desde 2020, y ha contribuido a un ambiente de tensión creciente dentro del cuerpo policial.

Recortes laborales e impacto sobre los agentes

Ante la falta de acuerdo, la plantilla ha comunicado al Ayuntamiento el pasado julio que dejaría de realizar horas extra voluntarias. Como respuesta, el consistorio ha anulado las vacaciones ya concedidas, ofreciendo pagar los gastos de cancelación de viajes.

Los sindicatos SIP-FEPOL y UGT han denunciado que esta medida constituye una vulneración de derechos laborales. Además, apuntan que varios agentes han tenido “que cogerse la baja médica por problemas de salud relacionados con el estrés, la ansiedad y el agotamiento físico y emocional”.

La alcaldesa Sònia Viñolas ha respondido defendiendo la voluntad del gobierno de mantener el diálogo: “El gobierno municipal se reafirma en la voluntad de seguir dialogando con todos los trabajadores y trabajadoras municipales en el seno de la mesa negociadora.”

Inspección y control de bajas

El alto porcentaje de bajas en un cuerpo policial es excepcional y genera interrogantes sobre el uso de la baja médica como herramienta de protesta. Jaume Sellarès, vicepresidente del Colegio de Médicos de Barcelona, ha declarado que “Esto es un mal uso de un derecho que tiene el trabajador y es un fraude que se puede perseguir. De hecho, están los inspectores de Trabajo, el mismo ICAM, etcétera, que tienen todos los mecanismos para perseguirlo. Y lo que hace un fraude, se debe atender a las consecuencias.”

Además, la CUP ha recordado que el Ayuntamiento tiene potestad para solicitar inspecciones médicas: “El Ayuntamiento tiene la potestad legal de solicitar inspecciones médicas. Pedimos que se abran las investigaciones internas que correspondan para verificar los hechos.”

Este control es clave para determinar si las bajas son legítimas y si existen responsabilidades laborales o administrativas que se deban depurar.

Repercusión sobre la fiesta mayor y el turismo

Las bajas coinciden con la fiesta mayor y con el pico turístico, cuando la población del municipio se duplica, pasando de cerca de 20.000 a 40.000 personas. La falta de efectivos ha obligado al gobierno a reforzar la vigilancia con agentes del cuerpo de los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Pineda de Mar.

Los vecinos han expresado su “inquietud e intranquilidad” ante la escasez de agentes municipales en la calle. La ausencia masiva de policías locales también ha puesto sobre la mesa la vulnerabilidad del municipio ante situaciones de emergencia y delitos menores, especialmente en zonas concurridas y turísticas.

Consecuencias a largo plazo

Los expertos alertan que la situación puede tener efectos duraderos si no se adoptan medidas inmediatas. La combinación de tensión laboral, baja de personal y temporada de alta ocupación turística podría deteriorar la calidad del servicio policial, aumentar la presión sobre los agentes activos y generar un ambiente de inseguridad ciudadana.

Los sindicatos insisten en que hace falta una intervención urgente: mejoras laborales, cobertura adecuada de servicios y diálogo real con el Ayuntamiento son imprescindibles para evitar que la crisis se prolongue más allá del verano.