Denuncian la demolición de un nido de vencejos a pesar de las advertencias

La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente contra la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Masnou y las empresas responsables de una obra. El motivo: la presunta afectación a una colonia de vencejos comunes, una especie protegida. FAADA acusa a las autoridades de no activar los mecanismos de protección legalmente previstos, a pesar de haber sido alertadas de la situación y de existir pruebas de la presencia de las aves.

Un caso de presunta negligencia administrativa

El conflicto se remonta a mayo de 2022, cuando la fundación advirtió a los Agentes Rurales y al Ayuntamiento de Masnou sobre una colonia de vencejos que anidaba en una pared medianera donde se planeaba la construcción de un edificio de viviendas. FAADA llegó a contabilizar 132 cavidades que podrían albergar nidos y envió un video como prueba. A pesar de que el Ayuntamiento prometió tener en cuenta el periodo de nidificación antes de conceder la licencia, las obras comenzaron en mayo de 2025. Ante esta situación, la fundación solicitó información al Ayuntamiento, que respondió que la propia empresa constructora había comunicado que no había nidos en la zona y que no era necesaria ninguna autorización. Sin embargo, una inspección posterior realizada por los Agentes Rurales, a petición de FAADA, confirmó que varios vencejos entraban y salían del muro y que la constructora era consciente de su presencia.

Conflicto de intereses y un posible delito

El vencejo común está catalogado como una especie vulnerable en España, enfrentando un alto riesgo de extinción. La FAADA sostiene que el caso en Masnou no es aislado y evidencia un fallo en los protocolos de la Generalitat de Catalunya. La fundación denuncia que es el propio promotor de la obra quien está a cargo de verificar la presencia o ausencia de animales, lo que genera un claro conflicto de intereses, ya que están motivados para negar la existencia de especies protegidas y así evitar retrasos. FAADA asegura que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la fauna, el cual es castigado con penas de prisión de seis meses a dos años. Por ello, han procedido a presentar una denuncia penal para que se investigue la inacción de las autoridades.