El Ayuntamiento de Igualada, bajo la lupa por posibles irregularidades en adjudicaciones municipales

El pasado 27 de agosto, la Oficina Antifraude de Catalunya resolvió admitir una denuncia contra el Ayuntamiento de Igualada. La resolución no determina todavía responsabilidades, pero establece que la documentación presentada contiene suficientes elementos concretos como para iniciar una evaluación preliminar. Esta admisión marca el inicio de un proceso que podría tener repercusiones relevantes tanto en el ámbito administrativo como en el político, ya que cuestiona la manera en que se han adjudicado determinados servicios municipales en los últimos años.

El uso de contratos menores

Según la denuncia, el consistorio habría recurrido de forma continuada a contratos menores para actividades que, por sus características y por repetirse año tras año, debían haberse tramitado mediante concursos públicos. El escrito describe operaciones en las que el contrato se adjudicaba a una empresa concreta, aunque la ejecución real recaía en otra compañía vinculada al mismo propietario.

De este modo, un entramado empresarial vinculado a una misma persona habría acumulado adjudicaciones superiores a los 800.000 euros en tan solo cinco años. Sin embargo, el propio escrito remarca que esa cantidad es únicamente una parte del volumen total de operaciones presuntamente fragmentadas, cuyo valor global sería considerablemente más elevado.

Argumentos del organismo fiscalizador

En su resolución, la Oficina Antifraude sostiene que “los hechos denunciados hacen referencia a una presunta mala praxis en la contratación pública que se estaría llevando a cabo en el Ayuntamiento de Igualada”. El documento explica que existen supuestos concretos de fraccionamiento irregular de contratos en beneficio de determinados contratistas, así como indicios de conductas presuntamente colusorias atribuidas a algunos proveedores en expedientes específicos. También menciona un posible uso fraudulento del procedimiento negociado sin publicidad en favor de un mismo proveedor, durante varios años consecutivos, para la organización de un evento deportivo.

La propia resolución matiza que “en esta fase de validación y admisión de la denuncia no se ha entrado a analizar a fondo la existencia de ninguna posible irregularidad manifiesta, fraude o conflicto de interés”. Aun así, concluye que “la denuncia es lo bastante concreta y contiene datos suficientes en detalle, motivo por el cual se considera susceptible de obtener indicios suficientes y contrastados para evaluar las presuntas irregularidades”.

Los próximos pasos

Con la admisión de la denuncia, la Oficina Antifraude ha abierto una fase de evaluación previa que servirá para verificar la veracidad de los hechos relatados y delimitar su alcance. El objetivo de este proceso será determinar si se trata de irregularidades aisladas o si, por el contrario, configuran un patrón sostenido de prácticas contrarias a la normativa en materia de contratación.

En función de los resultados de esta investigación preliminar, el caso podría tener consecuencias importantes tanto para la gestión del consistorio como para la percepción ciudadana de la transparencia institucional en Catalunya.