Un juez ordena al Ayuntamiento de Verges gobernado por la CUP colocar la bandera española

 El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Girona ha ordenado al Ayuntamiento de Verges que coloque la bandera española en la fachada consistorial y retire los símbolos partidistas del mobiliario público. La resolución llega tras más de un año de litigio y después de que el consistorio, gobernado por la CUP, haya presentado diversos recursos para evitar la ejecución de la sentencia inicial. El plazo para cumplir la orden judicial expira este jueves.

Una sentencia firme tras meses de resistencia municipal

El conflicto se originó a raíz de un requerimiento de la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano, que reclamó al Ayuntamiento el cumplimiento de la Ley de Banderas. La primera sentencia, dictada hace un año, obligaba al consistorio a restituir la enseña española junto a la catalana en la fachada municipal. Sin embargo, el Ayuntamiento ha ido encadenando alegaciones y recursos para retrasar la ejecución.

El juez ha rechazado todos los argumentos presentados por el consistorio, incluido el último, en el que se alegaba que “no había espacio físico” para colocar la bandera. El auto de ejecución del pasado 28 de enero es contundente: “No existe obstáculo procesal para exigir el cumplimiento inmediato e íntegro de la medida”.

El papel del abogado Benet Salellas y el cambio de estrategia

El Ayuntamiento ha estado representado por el abogado Benet Salellas, exdiputado de la CUP y también defensor del socialista Santos Cerdán en otros procedimientos. Salellas presentó en octubre un escrito en el que cuestionaba la coherencia de la acusación, argumentando que la denuncia hablaba de “restituir” la bandera española y, al mismo tiempo, de su “no presencia”, lo que —según él— implicaba situaciones jurídicas distintas.

El juez no aceptó esta interpretación. Tampoco prosperó la primera línea argumental del consistorio, que sostenía que “ni actualmente ni nunca ondearon la senyera ni la bandera española en la fachada”, una afirmación que quedó desmentida por el testimonio de un exalcalde, quien aseguró que durante su mandato ambas banderas se colgaban cuando lo requería la Guardia Civil.

Tras esa contradicción, la defensa municipal modificó su versión y alegó que la bandera española solo se había colocado “esporádicamente” durante la Transición. El tribunal consideró insuficiente este razonamiento.

Símbolos partidistas y cesiones irregulares de espacio público

El caso no se limita a la ausencia de la bandera española. En enero de 2025, cuando Impulso Ciudadano presentó su requerimiento, en el balcón del Ayuntamiento ondeaba una estelada perteneciente a la plataforma Acción Antifascista Països Catalans, que había obtenido permiso municipal para colgar su enseña. Además, numerosas farolas del municipio exhibían símbolos independentistas.

El juez recuerda que la normativa prohíbe la presencia de elementos partidistas en el mobiliario público. El Ayuntamiento alegó que la bandera antifascista “no ocupaba ningún lugar institucional” y que no vulneraba el principio de objetividad, pero el tribunal rechazó también este argumento.

La defensa municipal llegó a invocar un decreto de alcaldía de 2012, firmado por la entonces alcaldesa Marta Payeró (CUP), que autorizaba a la Assemblea Vergelitana per la Independència a colgar sus banderas de forma permanente. Impulso Ciudadano sostiene que esa autorización constituye “una alcaldada”, ya que la cesión de espacio público requiere un expediente administrativo, criterios de pluralidad y el pago de tasas.

Una resolución que obliga a restablecer la legalidad

El auto de ejecución obliga al Ayuntamiento a colocar la bandera española y la catalana en la fachada consistorial y a retirar todos los símbolos partidistas del mobiliario público. La resolución es firme y debe cumplirse de inmediato.

Verges, un municipio de poco más de 1.100 habitantes y localidad natal de Lluís Llach —actual presidente de la ANC—, se convierte así en un nuevo escenario del debate sobre el cumplimiento de la Ley de Banderas en Cataluña. Según datos recientes, solo uno de cada seis ayuntamientos catalanes cumple plenamente la normativa.

El consistorio deberá ejecutar la orden judicial en las próximas horas. Si no lo hace, el tribunal podrá imponer medidas coercitivas para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia.