Así cambia la ley de empleo público en Catalunya: menos burocracia, más flexibilidad y nuevos incentivos para municipios

La Generalitat ha cerrado en Lleida el ciclo de conferencias con las que ha explicado por todo el territorio el proyecto de ley de empleo público catalán. La norma, ya en trámite parlamentario, ha reunido a 894 representantes municipales, agentes sociales y personal de distintas administraciones en un proceso de presentación y debate.

La secretaria de Administración y Función Pública, Alícia Corral, ha señalado que la elevada participación demuestra que la reforma responde a una necesidad real del territorio. Según ha explicado, el objetivo es simplificar la gestión de personal, reducir cargas administrativas y dar más flexibilidad a las administraciones.

Cambios para los municipios pequeños

Uno de los ejes centrales de la reforma afecta a los ayuntamientos con menos recursos. Los municipios de menos de 5.000 habitantes quedarán exentos de elaborar una relación de puestos de trabajo si cuentan con instrumentos alternativos de gestión. También se flexibilizan otras obligaciones como planes estratégicos de recursos humanos o determinados registros internos.

En municipios de hasta 20.000 habitantes, estas exenciones podrán aplicarse si se acreditan limitaciones de plantilla o presupuestarias. El objetivo es adaptar la norma a la realidad de los pequeños ayuntamientos, donde la falta de personal complica la planificación.

Incentivos y nuevo órgano de coordinación

La ley incorpora incentivos para cubrir puestos de difícil provisión, uno de los principales problemas del ámbito local. Entre ellos destacan complementos económicos ligados a la ruralidad y la posibilidad de facilitar el teletrabajo en determinados puestos.

Otro elemento clave es la creación del Consejo del Empleo Público Catalán, un órgano de coordinación entre administraciones que busca mejorar la gestión de los recursos humanos. La norma tendrá un alcance aproximado de 400.000 trabajadores, incluyendo personal de la Generalitat, los 947 ayuntamientos y las siete universidades públicas.

El Govern ha presentado esta reforma en diferentes puntos del territorio como Girona, Tarragona, Barcelona o Tortosa, en un proceso de explicación y recogida de aportaciones que ahora concluye en Lleida.