Nobleza de quita y pon

No hará falta recordar la asendereada historia política de nuestro país, rica en asonadas, golpes de Estado y guerras civiles. Y, por ende, con una amplia panoplia de personajes que intervinieron en tales acontecimientos con plena disponibilidad sobre la vida de amigos y enemigos a los que siempre se ha aplicado un doble rasero: para los primeros, todo; para el enemigo, ni agua. De tal modo que cuando se ha producido en España un cambio de régimen -cosa que ha ocurrido con harta reiteración en los dos últimos siglos- se ha desencadenado un proceso inquisitorial con el fin de abolir los privilegios, canonjías y mercedes que hubiese podido otorgar el anterior.

La cosa viene de antiguo. El desenlace de la guerra de Sucesión dejó a la nobleza austracista privada de todos los títulos que había concedido el archiduque. D. Manuel Godoy, distinguido por Carlos IV, del que fue valido y favorito, con el ducado de Alcudia y el principado de la Paz, fue desposeído de tales mercedes en cuanto Fernando VII regresó a España (aunque la nobleza del guardia de corps paceño quedó a salvo con la adquisición del título pontificio de príncipe de Bassano) Y los preclaros militares carlistas de las guerras civiles del siglo XIX quedaron asimismo privados de sus dignidades. He aquí algunos precedentes de lo que se ha hecho ahora con la ley de la memoria democrática, que ha desposeído a tres decenas de personalidades de régimen franquista de los títulos nobiliarios concedidos por el caudillo por considerar a sus adjudicatarios responsables de muertes o cómplices de la guerra civil (aunque me es difícil comprender algunas presuntas responsabilidades como la de Calvo Sotelo, asesinado antes de que se iniciara la contienda, o la pobre Pilar Primo de Rivera, que desde luego no creo que fuera feminista, pero que con seguridad fue incapaz de matar una mosca) 

¿Qué no debería autorizarse la pervivencia de ningún título nobiliario otorgado a quien mató españoles? Loable propósito que debería obligar a un ímprobo trabajo de revisión histórica. Recodemos a título de ejemplo que cuando a Ramón María de Narváez su confesor le indicó en el lecho de muerte la conveniencia de que, aras del mandato cristiano, perdonara a sus enemigos, respondió, sin que le torciera el gesto, “no puedo padre, los he matado a todos”. Pues bien, el ducado de Valencia que le fue otorgado sigue desde entonces vigente en todos sus sucesores.  Propongo su inmediata supresión. Como también la de todos aquellos que, distinguidos con un título de la corona, fueron responsables de la muerte de otros españoles. Repasen la guía de la nobleza empiecen a apuntar candidatos.

De todas formas, pienso que los exnobles no deberían preocuparse demasiado, sobre todo si conocen la historia de España, un país en el que lo definitivo resulta casi siempre provisional y los provisional suele convertirse en definitivo. Les bastará recordar que los títulos carlistas fueron rehabilitados bien por los monarcas de la Restauración, bien por Franco, y todos los demás títulos nobiliarios, cancelados de un plumazo por la segunda república, restituidos en 1947. El único que no fue rehabilitado fue el principado de la Paz, pero eso por la sencilla razón de que en España no hay más príncipe que el heredero de la corona, porque el ducado de Alcudia lo recuperó Godoy con Isabel II y ha tenido sucesores hasta el día de la fecha. Además, si mucho me apuran que miren a Francia, que es una república desde el siglo XIX y el Estado ni concede, ni reconoce títulos, pero cuya nobleza está plenamente vigente. Dicho de otra manera: que la posesión de un título nobiliario constituye hoy más un reconocimiento social que un mero acto jurídico publicado en el BOE ¡Velay!