Los árboles de la riera de la Bisbal

A raíz de la tala programada de ochenta y un árboles en la riera de la Bisbal, en el marco de un proyecto de renaturalización impulsado por el gobierno local encabezado por Kenneth Martínez (PSC), quiero redactar esta crónica como un acto de protesta ante un recorte de derechos ejecutado a golpe de motosierra. Esta acción contradice frontalmente las demandas ciudadanas, expresadas de manera clara y contundente en los presupuestos participativos del año 2022, donde 349 personas votaron a favor de plantar más árboles, siendo una de las propuestas ganadoras y contando con una partida de 48.000 euros en los presupuestos participativos.

También quiero poner de manifiesto el contrasentido de anunciar y ejecutar un proyecto de renaturalización de una riera talando 81 árboles, sin ni siquiera plantearse la posibilidad de trasplantar algunos para preservarlos.

Entrando en el núcleo de la cuestión —y nunca mejor dicho—, hablemos de los árboles desde la perspectiva de una clara vulneración de los derechos ciudadanos por parte del equipo de gobierno municipal. En lugar de invertir los 48.000 euros asignados a los presupuestos participativos para plantar árboles, se gastaron 17.000 euros en un inventario de arbolado y en el diseño de un plan de intervención y plantación que, cabe decir, no respondía a la voluntad popular y no se destinó el resto del presupuesto (31.000 euros) a plantar los árboles acordados, que tendrían que haber sido identificables como "los árboles de los presupuestos participativos".

Cabe destacar que este inventario, denominado Plan estratégico del arbolado viario con los criterios de plantación y reposición en el arbolado viario y espacios verdes, establece en su contenido la conservación de los árboles siempre que estén sanos y sean viables, evitando su tala y priorizando su traslado como alternativa. Por tanto, se entiende que deben existir informes que acrediten de manera clara que la única opción posible era la tala, aunque esta decisión entra en clara contradicción con la voluntad popular de tener más árboles en el municipio, porque partimos de menos 81.

Desde mi punto de vista, esta actuación demuestra de forma clara y diáfana un desprecio a la voluntad del pueblo. Los presupuestos participativos no son una promesa electoral: son un ejercicio de democracia directa, una expresión viva de la participación ciudadana. Cuando no se cumplen, se rompe un vínculo de confianza fundamental entre instituciones y ciudadanía, lo que favorece la abstención y la desafección. Para cualquier persona que participó en los presupuestos participativos de 2022, la tala de 81 árboles envía un mensaje nítido: participar no sirve de nada.

Quiero dejar claro que, según mi opinión, Mariona Figueres, concejala de Participación Ciudadana en este mandato, no tiene ninguna responsabilidad directa en esta cuestión. El proyecto de los presupuestos participativos de 2022 no lo gestionó ella, y el proyecto de las rieras depende de las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente, con la dirección del Alcalde como jefe de Gobierno.

En cuanto al proyecto general de renaturalización de las rieras del municipio, no cuestiono el fondo. Sin embargo, considero que la decisión de destinar 162.000 euros a talar 81 árboles debería haber incluido el estudio de alternativas, como el traslado de algunos ejemplares a otros puntos del municipio. Naturalizar no debería significar eliminar árboles con una antigüedad de entre 25 y 45 años. Por ejemplo, en la urbanización Torreblanca, hace años que se pide alguna medida para mitigar los ruidos de la N-340 y de la entrada de la AP7-7. Los árboles talados podrían haber sido replantados allí como barrera natural contra la contaminación acústica. Y, además, se podría haber hecho con parte de los 31.000 euros que quedaron sin gastar de los presupuestos participativos de 2022, posibilitando el trasplante que creemos podría estar entre diez y veinte árboles.

En este contexto, es legítimo preguntarse cómo puede ser que la Fundación Biodiversidad aceptara financiar un proyecto que contemplaba la tala de ochenta y un árboles. Desde la Federación Xarxa Vendrellenca abriremos un expediente para averiguar si este hecho se tuvo en cuenta a la hora de conceder la subvención. Además, propondremos que en futuras convocatorias se valore debidamente la presencia de árboles y se fomente su preservación. Es esencial apostar por proteger la vida, no eliminarla, cuando se habla de renaturalizar, porque hacerlo envía un mensaje contrario a la ciudadanía.

En este sentido, considero que sería útil aplicar la Norma Granada, elaborada por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, como herramienta para valorar económicamente los árboles. Esta normativa puede garantizar que la tala indiscriminada no salga gratis y sirva como elemento disuasorio. Creo que el Ayuntamiento del Vendrell debería incorporar esta norma dentro de su marco normativo local para asegurar que, si en el futuro el alcalde o cualquier otro decide volver a talar árboles, haya una contrapartida clara y una responsabilidad administrativa asociada.

Termino esta crónica sobre el recorte a la participación ciudadana, recordando al equipo de gobierno que no se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía. Acciones como esta sacuden los fundamentos de la democracia. Hacer participar a la gente en unos presupuestos participativos para luego incumplir los acuerdos genera desconfianza en el sistema. Y esta desconfianza, señor Martínez, es especialmente perjudicial para aquellos que, como yo, creemos profundamente en la democracia y en la participación activa de la ciudadanía.

Y también quiero recordar a la gente que, para plantar cara a quien recorta los derechos a través de los troncos de los árboles en el Vendrell, están las urnas cada cuatro años para ponerlos en su sitio, así que no os rindáis ni os desesperéis, porque podemos echarlos.

Antonio Garcia Leal

Presidente de la Federación Xarxa Vendrellenca
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