Inicio del nuevo curso político

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DEGAÑA (ASTURIAS), 22/08/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el presiente de Asturias, Adrián Barbón, durante su visita este viernes al Puesto de Mando Avanzado de De
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - EP

 

Comenzamos el nuevo curso político de la misma manera que acabamos el anterior: con muchas dudas, casi ninguna certeza y un paisaje de fondo marcado por la crispación. Dos cosas, no obstante, podemos dar por seguras. Una, la determinación del presidente Pedro Sánchez para agotar esta XV Legislatura. La otra, el empecinamiento de la derecha y derecha extrema para demonizar todo lo que haga y/o diga el Gobierno. Eso hace que la política del país esté instalada en una gran nebulosa, en la que todo es posible y cualquier cosa puede suceder.

A raíz de la gravísima ola de incendios que nos han asolado este mes de agosto, Pedro Sánchez anunció que propondría un pacto de Estado con todas los agentes políticos y sociales para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, a los populares les ha faltado tiempo para rechazarlo. Así evitan evaluar sus posibles responsabilidades y seguimos instalados en la polarización y el negacionismo absurdo.

Sea como sea, para lograr su propósito, de agotar la legislatura, Sánchez necesita apuntalar la mayoría parlamentaria que le dio la investidura. Pero en estos momentos, eso es poco menos que una misión imposible. Aunque a excepción del PP y Vox en el resto de las formaciones políticas cruzan los dedos para que no haya un adelanto electoral, existe un asunto que puede acabar decidiéndolo todo. Se trata del affaire del trio tóxico de Cerdán & CIA. Si queda encapsulado y no hay contaminaciones ni en la calle Ferraz ni en las altas instancias del Ejecutivo, el gobierno podrá seguir adelante; de lo contrario, más pronto que tarde tendremos que ir a las urnas.

En estas circunstancias parece imposible que se puedan aprobar los Presupuestos para 2026, y presentarlos sin la seguridad de sacar las cuentas adelante, abriría la puerta a una convocatoria electoral. Con todo, el calendario se presenta muy cargado. Los objetivos de estabilidad (déficit, deuda y regla de gasto) marcan el terreno de juego de las cuentas públicas y los compromisos con Bruselas deben ser ratificados por el Congreso, lo que ya supone un primer escollo. Ese trámite es farragoso y requerirá varias semanas. Por lo que es fácil suponer que su paso por la Cámara no será como mínimo hasta finales de septiembre. Luego deberá informarse a las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, también, a los ayuntamientos en la Comisión Nacional de Administración Local. Tras esos pasos, el Consejo de Ministros remitirá el documento a las Cortes con el techo de gasto presupuestario y de ahí pasará al Senado, que los debe avalar, de no ser así volverían al Parlamento.

Entre una cosa y otras el equipo del presidente tiene previsto poner en marcha una potente agenda social y ralentizar cuanto sea posible el ritmo parlamentario, porque cada iniciativa legislativa que se quiera sacar adelante en el Congreso, tendrán que hacerse mediante concesiones que, con toda probabilidad, en circunstancias más favorables no se harían. 

En la Moncloa dan por descontado que algunas grupos, como pueden ser Podemos o Junts, exigirán al Gobierno más de lo habitual, pero también están seguros de que no tanto como para dejar caer a Pedro Sánchez porque es evidente que nadie quiere a Feijóo al frente del Ejecutivo, al menos, mientras no marque una línea roja a Vox.

Tampoco se debería descartar una remodelación gubernamental para empezar el curso con un ímpetu renovado, y ahí Grande Marlaska aparece en todas las quinielas como ministro amortizado, a pesar de la gran confianza que siempre le ha demostrado el presidente.

A todo esto, habrá que ver cómo evoluciona en las próximas semanas el caso Montoro que quedó en el aire con la pausa estival y las causas judiciales que tendrá que afrontar el PP en las próximos meses. 

Si cambiamos de escenario y ponemos el foco a nivel más local veremos que, aunque a priori no lo parezca, la situación política en España y Cataluña van muy parejas. Para empezar, la interrelación política entre España y Cataluña es más evidente que nunca, a pesar de que eso irrita a los indepes más hiperventilados. Es cierto, no obstante, que la polarización a nivel del Estado es muy elevada, mientras que, en Cataluña, al menos en apariencia, el ambiente político es bastante más sosegado. Sin embargo, ambos Gobiernos están respaldados por unas mayorías parlamentarias muy inestables y en cualquier momento, pueda saltar la chispa que lo eche todo a rodar. Valga con recordar aquí que ninguno de los dos Ejecutivos ha tenido Presupuestos en 2025 y, en ambos casos, los de 2026 son más que dudosos.

La situación es muy compleja y difícil. Pero tanto Pedro Sánchez como Salvador Illa, desde que llegaron a sus respectivos cargos de presidentes, han puesto en marcha sendos proyectos netamente socialdemócratas. Las avances sociales impulsados desde el Gobierno en España, si se observan con ecuanimidad, no son cuestionables; mientras que, en Cataluña, después de muchos años, estamos volviendo al eje derecha izquierda, mientras que se va minimizando el debate identitario y eso hace posible que la política de las cosas puede volver a tener el protagonismo que nunca debió perder, porque es la que hace que la calidad de vida de la ciudadanía mejore. Pero es que, además, desde la plaza Sant Jaume se están sentando las bases para que Cataluña vuelva a ser el motor económico de España y una de las regiones más prósperas de Europa. 

Esos proyectos están en pleno proceso evolutivo y cuanto más ambiciosos sean más tiempo necesitarán para su desarrollo y consolidación. En consecuencia, sin renunciar a ser exigentes, deberíamos ser comprensivos y dar margen de confianza para que la situación mejore de forma sostenida, y cuando tengamos dudas echemos la vista atrás para recordar de dónde venimos.


 

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