El complejo asunto de la financiación autonómica

Nunca he sido partidario de echarle agua al vino. Quizás, por eso, cuando se anunció el pacto PSC ERC, con el beneplácito del Gobierno central para dotar a Cataluña de una financiación singular, en mi fuero interno, decidí darle un voto a la esperanza, esperando alcanzar el objetivo. Poco después, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba que todas las autonomías que lo quisieran se podrían acoger al mismo sistema; eso hizo que me sintiera reconfortado porque mis ideas sobre la equidad y la redistribución de la riqueza quedaban a salvo. 

La financiación autonómica es un asunto sumamente complejo; así se refleja en un estudio publicado por el centro de estudios Fedea, elaborado a partir de los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, Madrid recibió del sistema de financiación autonómica 3.363 euros per cápita en 2023, 22 euros por debajo de la media nacional (3.390 euros). Cataluña, sin embargo, percibió en el mismo año 66 euros más por habitante que la media. Sea como sea, en ningún caso, ni para Madrid ni para Cataluña han sido diferencias sustanciales con la media nacional.

No se puede decir lo mismo de autonomías como Valencia o Murcia que en 2023 tuvieron una financiación muy por debajo del promedio, pero es que llevan ancladas en la parte baja del ranking desde la última reforma del sistema, es decir, desde 2009.  En este contexto, las diferencias entre algunas comunidades son notables. Así, por ejemplo, mientras que por un ciudadano de Murcia el sistema otorgaba 3.120 euros en 2023, por uno de Cantabria el gobierno de la comunidad recibía 4.077 euros.

Por lo que respecta a los residentes en la Comunidad Valenciana no les fue mucho mejor que a los murcianos: 3.141 euros por habitante, una cifra que supone 249 euros menos que la media y 936 euros por debajo de lo que recibieron los cántabros.  Por eso es lógico que desde esas dos autonomías se exija solucionar el problema de la infrafinanciación. Según sus dirigentes, una parte considerable de su deuda tiene como principal causante el desigual reparto del sistema, pues para prestar los servicios públicos en condiciones similares a los otros territorios tienen que endeudarse.

Andalucía y Castilla-La Mancha son las otras comunidades que suelen situarse a la cola del reparto, aunque su situación no es tan grave. Los recursos per cápita de la primera fueron inferiores a la media en 182 euros, la brecha fue de 178 euros en el caso de Castilla-La Mancha.  En el otro plato de la balanza se encuentra Cantabria (como ya se ha comentado) que recibió 687 euros más que la media por habitante en 2023, seguida de La Rioja (3.848 euros por cabeza), Baleares (3.825) y Extremadura (3.808).

Esta miscelánea de números viene dada por el complejo funcionamiento del sistema de financiación de las CC AA, basado en un alambicado entramado de fondos que se reparte según distintos criterios. El más importante es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales; una cesta común que se nutre de transferencias estatales y del 75% de los ingresos tributarios cedidos a cada autonomía o, mejor dicho: de lo que obtendrían si no se aplicaran rebajas o subidas fiscales.

El dinero se reparte conforme a una fórmula de necesidades de gasto, es decir, lo que precisa cada comunidad para prestar los servicios públicos tales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Se trata de garantizar un nivel uniforme en todo el país. La variable es lo que se denomina la población ajustada; o sea, el número de habitantes ponderados por factores como el envejecimiento, el número de niños en edad escolar o la dispersión demográfica. Aquí es donde debería producirse una nivelación para que se adjudicase una cantidad similar a cada ciudadano más allá de su lugar de residencia, pero eso no siempre ocurre y mucho menos con la puntualidad deseable.

Hasta aquí la mayoría de los expertos coinciden en que el sistema funciona de forma razonable. Los problemas surgen después, con la intervención de los otros fondos ―en particular los de cooperación y convergencia―, que causan distorsiones en el reparto y que muchos economistas tachan de arbitrarios y poco transparentes. Además, el modelo en vigor data de 2009 y desde entonces no ha habido actualización que recogiera los cambios económicos y demográficos, pese al compromiso de reformarlo a los cinco años, lo que ha agrandado las disparidades. 

De nuevo Cataluña está jugando el papel de palanca de cambio en el complejo asunto de financiación autonómica y es, a la vez, punta de lanza.  En otras ocasiones, lo defendido por la Generalitat en sus negociaciones con el Gobierno central fue duramente criticado por otros actores territoriales y políticos como supuesto trato de favor. Sin embargo, acabó siendo adoptado por el resto de las comunidades. Y ahora todo indica que se va a repetir esa parte del guion.

La negociación entre Gobierno y Generalitat brinda la oportunidad de desbloquear la reforma del sistema de financiación para todas las comunidades de régimen común, que lleva encallada 10 años. Al menos, esa parece ser la idea del Ministerio de Hacienda, que supervisa las deliberaciones entre el ministerio de Política Territorial, la Generalitat y ERC.

Se trata de que el Estado ceda más competencias y financiación a Cataluña y, a la vez, que las mismas competencias que consiga la Generalitat puedan extenderse a las comunidades que lo requieran. Ahora bien, debemos ser conscientes de la polarizada situación política que vivimos porque implantar este nuevo modelo significa importantes modificaciones legislativas y no parece que las Cortes Generales estén para muchos pactos y acuerdos. Además, para forjar un sistema fiable, duradero y que no genere recelos, debe hacerse con transparencia y la lealtad institucional. Y ya sabemos que el papel lo aguanta todo, pero la realidad suele ser mucho más prosaica.  

Todo esto, sin perder de vista las cuestiones técnicas del sistema de financiación, que no son pocas ni menores. Tampoco estaría de más que las dos comunidades que rigen su financiación por el sistema foral (País Vasco y Navarra) hicieran alguna aportación al sistema común; aunque mucho me temo que ese será un melón que nadie querrá abrir.