El sistema público de pensiones en nuestro país está cada vez más bajo presión. La combinación de envejecimiento demográfico, baja natalidad y la progresiva jubilación de la generación del "baby boom" genera una tormenta perfecta. Según proyecciones de la AIReF, para mantener la tasa de dependencia en niveles similares a los actuales, España debería contar en 2050 con entre un 43 % y un 47 % de población inmigrante. Si no se logra ese volumen migratorio sostenible, equivalente a más de un millón de inmigrantes al año, el sistema podría colapsar financieramente, con pensiones consumiendo cerca del 41 % del gasto público, un déficit del 7 % del PIB y una deuda estatal del 130 %.

Pero los números solos no bastan si no se traducen en políticas con visión de Estado. El futuro de las pensiones se juega en varios tableros: el demográfico, el económico, el laboral y el social. Así el siguiente gráfico muestra la progresión estimada del gasto en pensiones respecto al PIB. Las tendencias indican un salto constante entre 2022 y 2050

Datos demográficos y proyecciones del INE

Para entender el desafío de las pensiones, conviene detenerse en un elemento que a menudo queda en segundo plano: la propia estructura demográfica del país. Así según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), nuestro país atraviesa una transformación poblacional sin precedentes. En apenas tres décadas, la pirámide poblacional se invertirá de forma pronunciada: la proporción de personas mayores de 65 años, que hoy ronda el 20 %, podría superar el 28-30 % en 2050. Se trata de un cambio profundo que implica que casi uno de cada tres españoles será jubilado o estará cerca de serlo.

El reverso de esa realidad es la reducción de la población en edad activa (15-64 años), es decir, la que sostiene con sus cotizaciones el sistema de pensiones. De representar alrededor del 65 % en 2020, caería a apenas un 57 % en 2050, lo que supone millones de trabajadores menos disponibles para sostener a un número creciente de jubilados. Este desfase es lo que los economistas llaman el aumento de la tasa de dependencia, y es, en esencia, el gran talón de Aquiles del sistema actual.

La inmigración aparece en este punto como una variable crítica. No se trata solo de un asunto de integración social o cultural, sino de una necesidad aritmética: sin la incorporación de nuevos residentes en edad de trabajar, las cuentas simplemente no cuadran. El propio INE prevé que el peso de la población de origen extranjero crecerá de manera significativa en las próximas décadas, pasando de poco más del 18 % actual a más del 35-38 % en 2050. Dicho de otra manera, el equilibrio futuro del sistema dependerá en buena medida de la capacidad de España para atraer, retener e integrar población inmigrante.

Un país que envejece necesita abrirse a la inmigración con medidas regulatorias

Así, con los datos en la mano, ciertamente la sostenibilidad de las pensiones en nuestro país depende cada vez más de nuestra capacidad para atraer, retener e integrar población inmigrante. El progresivo envejecimiento de la sociedad y la reducción de la población activa sitúan a la inmigración como un factor decisivo para evitar que el sistema entre en crisis. En los últimos años, el Gobierno ha puesto en marcha diversas medidas para gestionar el fenómeno migratorio, aunque sus efectos positivos conviven con importantes retos regulatorios.

La reforma del Reglamento de Extranjería de 2024 marcó un punto de inflexión. La clarificación de trámites, la introducción de figuras de arraigo más definidas y la mejora en la reagrupación familiar facilitaron que muchos inmigrantes pudieran estabilizar su situación legal. Esto se traduce en más seguridad jurídica, más cotizantes para la Seguridad Social y menos informalidad. No obstante, el reto está en que estos procedimientos no se vuelvan excesivamente burocráticos y terminen desincentivando a quienes buscan regularizarse. Las largas esperas que padecen los inmigrantes que ya trabajan y cotizan se convierten en un cuello de botella para empleadores y empleados extranjeros, algo que no facilita la incorporación plena en el sistema. 

En paralelo, se han reforzado las políticas de integración social. Programas de formación lingüística, orientación laboral y mediación cultural buscan facilitar la inclusión de los inmigrantes en nuetra sociedad. Estas iniciativas generan cohesión y previenen la marginalización. Sin embargo, su aplicación es desigual: comunidades autónomas y ayuntamientos desarrollan políticas muy distintas, lo que provoca que no todos los migrantes tengan las mismas oportunidades de integración en función del territorio donde residen. Este es uno de los retos de la actual política migratoria de nuestro país, ante los que una parte de nuestra clase política no le presta atención, pero que es realmente necesaria para mejorar la convivencia pacíficia en los barrios de nuestro país. 

Otra línea de acción ha sido la flexibilización de los visados y permisos de residencia. Desde 2025, la mayoría de los visados tienen una duración mínima de un año, reduciendo la incertidumbre administrativa tanto para los migrantes como para las empresas que los contratan, pero si los plazos de espera aumentan, se convierte en una medida insuficiente. Aunque la medida en sí aporta estabilidad y previsibilidad, pero exige reforzar los mecanismos de control para evitar abusos o la proliferación de empleos sumergidos que no contribuyan al sistema de pensiones. Todavía hay empleadores que abusan de sus empleados inmigrantes e inmigrantes que solo quieren pertenecer a la economía sumergida. Ambas situaciones deben corregirse para que el sistema goce de mejor salud en derechos y deberes colectivamente. 

El refuerzo de los derechos laborales de los inmigrantes es otra pieza clave. Reconocer mayores garantías frente a abusos y fomentar la contratación legal repercute directamente en las cuentas públicas: más contratos formales significan más cotizaciones. Además, mejora la imagen del país como destino para migrar y asentarse. Sin embargo, estos derechos deben ir acompañados de inspecciones y recursos suficientes para asegurar su cumplimiento, pues de lo contrario corren el riesgo de quedarse en meras declaraciones.

Los efectos de estas medidas conjuntas ya se notan en las cifras. En 2024, los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social alcanzaron los 2,88 millones, un incremento de casi un 8 % respecto al año anterior. Este aumento compensa parcialmente la jubilación de la generación del baby boom y demuestra que la inmigración es ya un sostén real del sistema. La duda es si ese crecimiento se mantendrá en el tiempo y si irá acompañado de empleos cualificados que aporten ingresos fiscales suficientes.

Sectores económicos en tensión ante la escasez de mano de obra

Tenemos que tener en cuenta además que la economía española atraviesa una paradoja laboral cada vez más visible: en un país con altas tasas de paro estructural, muchos sectores no logran cubrir sus vacantes. La falta de trabajadores cualificados y no cualificados afecta a la industria, la construcción, el campo y los servicios, generando tensiones que amenazan la competitividad, la productividad y, en última instancia, la sostenibilidad de las pensiones.

En el terreno de los trabajos cualificados, los sectores tecnológicos son los que lideran la demanda insatisfecha. Empresas de todo el país buscan perfiles de desarrollo de software, especialistas en inteligencia artificial, ciberseguridad o analítica de datos. A ellos se suman la industria manufacturera y el metal, que necesitan operarios especializados y técnicos de mantenimiento, y la construcción, donde hacen falta profesionales capacitados para abordar retos de eficiencia energética y modernización. La logística y el transporte también reclaman conductores y gestores cualificados, mientras que la sanidad experimenta carencias de médicos y enfermeros, junto con oficios técnicos tradicionales como fontaneros, electricistas o soldadores. La ausencia de relevo generacional y el desajuste entre la formación y las necesidades reales del mercado agravan la situación.

Por el lado de los trabajos no cualificados, los sectores más afectados son los vinculados a servicios básicos y actividades estacionales. La hostelería y la restauración, pilares de la economía, sufren un déficit crónico de camareros, cocineros y personal de apoyo, condicionado por la temporalidad y los bajos salarios. La agricultura y la ganadería enfrentan un problema similar, con dificultades crecientes para cubrir campañas de recolección. La construcción básica, el comercio minorista y la reposición en grandes superficies también presentan vacantes que, a menudo, quedan desatendidas incluso en contextos de desempleo elevado.

Las causas de esta escasez son múltiples. El desajuste educativo explica parte del problema: el sistema formativo no siempre responde a las demandas del mercado, lo que deja a muchos puestos sin candidatos adecuados. A ello se añade la falta de atractivo de ciertos sectores, especialmente los que requieren jornadas intensas, condiciones físicas exigentes o sueldos poco competitivos. En el caso de los oficios técnicos e industriales, el débil relevo generacional ha provocado que miles de plazas se queden sin cubrir a medida que los trabajadores mayores se jubilan. En las áreas rurales o de interior, la escasez de vivienda, transporte y servicios agrava todavía más la falta de mano de obra. Por lo que la resolución de este problema es multifactorial y requiere de una respuesta compleja y no simplista.

El impacto económico de esta situación no es menor. La imposibilidad de cubrir puestos limita la capacidad productiva de las empresas, encarece servicios y reduce la competitividad frente a otros países europeos. En el caso de sectores estratégicos como la sanidad, la logística o la construcción, la falta de trabajadores puede tener efectos directos en la calidad de vida de los ciudadanos. Y, a nivel macroeconómico, menos empleo formal implica menos cotizaciones a la Seguridad Social, lo que tensiona todavía más un sistema de pensiones que ya se enfrenta al desafío del envejecimiento poblacional.

Frente a este panorama, las soluciones pasan por un enfoque integral. Es necesario ajustar la formación profesional y universitaria a las necesidades del mercado, atraer a los jóvenes hacia oficios con alta demanda y mejorar las condiciones laborales en sectores poco valorados. La inmigración regulada y planificada se convierte, así en uno de los pilares imprescindibles para cubrir tanto vacantes cualificadas como no cualificadas. Además, reforzar políticas de conciliación, movilidad laboral y acceso a vivienda puede facilitar que más personas acepten empleos en zonas rurales o en sectores menos atractivos.

En definitiva, el país necesita una estrategia laboral que trascienda el corto plazo y que combine educación, migración, condiciones laborales y cohesión territorial. La escasez de trabajadores no es solo un problema de las empresas: es un desafío de país que afecta al crecimiento, a la competitividad y al bienestar colectivo. Afrontarlo con seriedad, profeisonalidad y "sin populismos" será clave para asegurar tanto el dinamismo económico como la sostenibilidad del sistema de pensiones en las próximas décadas.

Fuga de talento del país: diagnóstico y respuestas

A todo esto hay que añadirle que nuestro país se enfrenta a un fenómeno preocupante: la emigración de jóvenes, muchos de ellos con alta formación, hacia otros países en busca de mejores oportunidades. Según el Centro de Estudios Demográficos, entre 2013 y 2017 más de 776.000 españoles de entre 25 y 39 años salieron del país. Otros cálculos apuntan a cerca de 100.000 profesionales que se marchan cada año. Las causas son claras: precariedad laboral, bajos salarios, falta de estabilidad y un sistema que no siempre ofrece salidas acordes con la preparación de sus jóvenes.

El impacto de esta fuga es doble. Por un lado, perdemos parte de la generación mejor formada de nuestra historia, después de invertir grandes recursos en su educación. Por otro, otros países —desde Alemania hasta los nórdicos— se benefician del talento de nuestro país, mientras aquí se resiente el mercado laboral y se limita la capacidad de innovación. La consecuencia indirecta afecta también a la sostenibilidad de las pensiones: menos trabajadores cualificados en el país implica menos cotizaciones a largo plazo.

Para frenar esta sangría, el Gobierno ha puesto en marcha varias medidas. En 2022 aprobó el Plan de atracción y retención de talento científico e innovador, dotado con 3.000 millones de euros y con unas 30 medidas, entre ellas que los programas postdoctorales incluyan fases de retorno. Además, se han aprobado incentivos fiscales y subvenciones de retorno para facilitar que quienes emigraron puedan volver en condiciones favorables.

En paralelo, en 2025 se reforzó el programa “Atrae”, con un presupuesto de 45 millones de euros y ayudas de hasta un millón para proyectos de investigación en nuestro país, especialmente dirigidas a científicos que trabajan en el extranjero. Junto a esto, la Reforma Laboral de 2022 buscó reducir la temporalidad, incentivar los contratos indefinidos y mejorar la protección frente a la precariedad, en un intento de ofrecer más estabilidad a los jóvenes.

El Congreso de los Diputados también ha aprobado iniciativas para frenar la fuga de talento, incluyendo incentivos a la inclusión laboral juvenil y medidas específicas para jóvenes con discapacidad. Todo ello se suma a programas de apoyo al emprendimiento y a la innovación, aunque su impacto real aún está en evaluación.

El desafío, sin embargo, sigue siendo enorme. Retener a los jóvenes exige no solo programas concretos, sino una estrategia de país: salarios competitivos, oportunidades de carrera, acceso a vivienda asequible y un ecosistema de innovación robusto. Estamos dando pasos en la dirección correcta, pero la fuga de talento seguirá siendo una herida abierta mientras no se resuelvan las causas estructurales que empujan a nuestros jóvenes a marcharse del país.

El pacto de Estado es inaplazable

Con los datos en la mano el futuro de las pensiones no puede depender de cálculos a corto plazo ni de intereses electorales. Se necesita un gran pacto de Estado que trascienda colores políticos y que combine medidas en todos los frentes: natalidad, productividad, retención del talento,  flujos migratorios planificados en sectores donde empieza a haber escasez de mano de obra cualificada, ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones de todos. Las pensiones no son un gasto cualquiera: son un pilar de cohesión social y un símbolo de justicia intergeneracional.

En última instancia, todas las medidas aplicadas para la regulacion de los flujos migratorios hasta ahora deben integrarse en una visión a largo plazo al igual que la retención del talento. El país necesita un pacto de Estado que vincule claramente su política migratoria con la sostenibilidad de las pensiones. Prodemos logar  así estabilidad, previsibilidad y coherencia en las reformas, alejándolas de los vaivenes políticos. Uno de los grandes retos regulatorio es, precisamente, coordinar las políticas migratorias con las laborales, sociales y fiscales, en un contexto donde el debate sobre inmigración sigue siendo terreno fértil para la polarización interesada e irresponsable.

Nuestro país tiene ante sí una elección: o aborda con valentía y responsabilidad este desafío, o se resigna a que el sistema se deteriore poco a poco hasta convertirse en un problema crónico e irresoluble. Todavía hay margen para actuar, pero cada año perdido lo hace más difícil. En definitiva, cuidar de las pensiones no es solo un acto de generosidad hacia nuestros mayores, sino una inversión en el futuro de nuestra sociedad en su conjunto. Todo está interrelacionado.