La terrible navidad venezolana con la mayor crisis socio-económica de su historia

La crisis económica venezolana actual continúa siendo la más profunda de la historia moderna, caracterizada por contrastes extremos y un deterioro persistente en la calidad de vida de la mayoría, convirtiendo así al período navideño en el más triste y dramático de los últimos años.

​Aunque el país salió técnicamente de la hiperinflación en 2022, la economía actual sigue atrapada en un ciclo de alta inflación y parálisis estructural que los expertos catalogan como un año de estancamiento o contracción.

Según los principales indicadores macroeconómicos, la Inflación cerró con una tasa anualizada cercana al 230%, la cual, aunque es inferior a los millones por ciento de años anteriores, sigue siendo la más alta de la región, destruyendo el poder adquisitivo constantemente.

Por su parte el Producto Interno Bruto (PIB) tras una caída acumulada del 80% entre 2013 y 2021 se proyectan ahora con una caída del 2% al 4%, debido a la inestabilidad política y la reducción de la demanda interna.

Adicionalmente, en una economía que está dolarizada, el tipo de cambio oficial y el paralelo han mostrado una brecha creciente (superior al 30%), lo que presiona los precios al alza, dificulta las operaciones comerciales y reduce la capacidad de compra de la gente común.

Como consecuencia, la pobreza sigue aumentando y la brecha de desigualdad es hoy una de las más marcadas del continente.

Los datos disponibles, más allá de lo que percibimos cotidianamente, indican que la pobreza extrema alcanzó al 53% de la población, que en esta navidad y probablemente en el próximo año, será incapaz de cubrir la canasta básica alimentaria. En total, el 82% de los venezolanos vive hoy bajo la línea de pobreza general.

El salario mínimo oficial sigue estancado en niveles simbólicos (alrededor de 0,5 y 2 dólares mensuales), mientras que el ingreso mínimo integral que proviene de los bonos que otorga el gobierno a través del Sistema Patria (que solo llegan a una parte de la población, principalmente a los miembros activos del partido de gobierno, PSUV), solo alcanza los 100-130 dólares, cubriendo apenas el 25% de la canasta alimentaria básica, que ronda los 550 dólares.

La situación es de tal magnitud que la propia ONU señala que 7.6 millones de personas dentro del país requieren asistencia humanitaria urgente en salud, alimentación y servicios básicos.

Para colmos, la situación de los servicios públicos en Venezuela sigue marcada por una profunda brecha entre la gestión estatal, que reporta avances en infraestructura, y la experiencia cotidiana de los ciudadanos, quienes enfrentan fallas crónicas y un proceso de "privatización-dolarización de facto".

​El servicio eléctrico, por ejemplo, sigue siendo el más crítico con una estabilidad muy frágil. Los planes de racionamiento persisten y casi todo el país, incluida ahora la ciudad de Caracas que antes no tenía caídas del suministro, sufren interrupciones diarias que pueden durar de 4 a 10 horas.

​​Lo mismo ocurre con el suministro de agua potable (de muy mala calidad) cuyo acceso es intermitente y depende cada vez más de soluciones privadas. Al efecto, los estudios de ONG’s especializadas, indican que la mayoría de los hogares recibe agua por tubería apenas unos pocos días a la semana (o incluso al mes), y ante la falta de suministro constante, ha crecido el mercado de camiones cisterna y la instalación de pozos profundos privados en zonas residenciales y comerciales. La instalación y costos de mantenimiento de tanques hogareños y compra de botellones de agua potable representan un gasto significativo para las familias.

Y es que las instituciones oficiales responsables del servicio de agua, realizan paradas programadas frecuentes para el mantenimiento correctivo de las redes de suministro que tienen décadas de desinversión.

​Otro aspecto relevante de la crisis creciente socio-económica venezolana es el que se refiere al sistema de salud pública. 

Al cierre de 2025, el sistema de salud se encuentra en una situación de “emergencia humanitaria compleja persistente y agravada”. 

​A pesar de las promesas de "ofensivas de salud" hechas por el gobierno, los datos de la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) y otras ONGs como Provea, indican que el colapso estructural se mantiene en niveles críticos: se estima que cerca del 75% de los quirófanos en hospitales públicos no están funcionando regularmente por falta de mantenimiento, repuestos o aire acondicionado; en el 91% de los hospitales públicos, los pacientes deben comprar por su cuenta todo el material necesario para ser atendidos (desde guantes y gasas hasta anestesia y reactivos para exámenes de laboratorio). El costo mínimo para una cirugía básica ambulatoria puede superar los 1.000 dólares, en un país con salarios estancados; adicionalmente, la falta de agua constante y los apagones afectan directamente la higiene y el funcionamiento de equipos de soporte vital; y, finalmente, la migración masiva ha dejado un vacío difícil de llenar en los hospitales, y se calcula que se ha perdido más del 70% del personal de enfermería y médico especializado, particularmente en áreas como oncología, cardiología y pediatría. ​Esto ha provocado el cierre de servicios enteros y largas esperas de meses o años para consultas de especialidad o intervenciones electivas.

Agréguele a eso el hecho de que quienes no pueden esperar en el sistema público y recurren al sector privado, enfrentan otros retos: consultas privadas con costos entre los 40 y 160 dólares, y que una cirugía compleja puede costar decenas de miles de dólares, además del desabastecimiento de medicinas para enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, diálisis, enfermedades cardíacas o cáncer) que ronda hoy el 36.9%.

Pero eso no es todo. El sector transporte enfrenta una parálisis técnica por falta de repuestos y financiamiento, y por lo que entre el 35-40% de la flota de transporte público urbano está fuera de servicio, mientras que el resto sufre la escasez de combustible, y aunque en Caracas la situación es más estable, en el interior del país persisten las colas para surtir gasolina y diésel, afectando tanto el transporte de pasajeros como el de carga de alimentos.

Finalmente, y pese a un ligero incremento de la inversión privada, especialmente en la instalación de ​Fibra Óptica, el sector de las telecomunicaciones y la internet de calidad está limitado a quienes pueden pagar tarifas en dólares (entre 30-60 mensuales), dejando a los sectores populares dependientes de la empresa estatal (CANTV) cuyos servicios son muy deficientes.

Así que ya puede imaginarse el lector, el drama de la navidad que estamos sufriendo los venezolanos, unido a la incertidumbre de los desastres que nos esperan en el nuevo año, mientras no se produzca un “cambio de régimen”.