Presupuestos a la vista

Desde el Govern se había extendido un discreto mando de silencio, sobre los próximos presupuestos, para no entorpecer las conversaciones con los grupos parlamentarios que dan soporte al Ejecutivo catalán y evitar así que pudiesen descarrilar las negociaciones. Una decisión lógica que ha dado sus frutos. Porque con la correlación de fuerzas existente en el Parlament de Catalunya, hay que hacer auténtico encaje de bolillos para sacar adelante la ley más importante del año: los Presupuestos de la Generalitat para 2026.

Coincidiendo con la reincorporación de Salvador Illa a su puesto de trabajo, después de un mes de baja por una osteomielitis púbica que le obligó a estar primero en el hospital y más tarde a seguir el tratamiento antibiótico en su domicilio, el president se ha planteado como prioridad absoluta aprobar las cuentas de 2026, las primeras de su mandato.

A pesar de su baja laboral, Illa no ha perdido el contacto con la realidad y ha sido consciente en todo momento de los días críticos que, por razones diversas, ha afrontado la ciudadanía. Por eso, en su primera comparecencia, dejó claro que comprendía el malestar de la gente con la vivienda, su inquietud por los episodios de la emergencia climática y, por supuesto, Rodalies. “La prioridad absoluta es nuestra seguridad y protección”, dijo, refiriéndose a la revisión en las vías férreas, asegurando que el Govern está dispuesto a solucionar ese colosal problema de movilidad en un “rumbo de exigencia y ambición” hasta alcanzar parámetros de “excelencia”. No perdamos de vista que los trenes de Rodalies circulan con límites de velocidad, al menos hasta abril, y eso provoca, de forma inevitable, alteraciones en los recorridos, retrasos y toda clase de inconvenientes que tiene que asumir los usuarios. Pero está claro que para subsanar esas anomalías los Presupuestos son una herramienta fundamental.

Sobre el papel la cuestión de los presupuestos es sencilla. Sin embargo, todo se complica cuando el gobierno de turno no dispone de la mayoría parlamentaria suficiente para sacar las cuentas adelante y tiene que negociar con otros partidos para obtener sus soportes; algo que a día de hoy ocurre en casi todos los países europeos y donde ni España ni Catalunya son una excepción. En nuestro caso, el Govern ha de llegar a acuerdos con los Comuns y ERC para lograr los votos necesarios porque el resto de formaciones del arco parlamentario son oposición pura y dura, sin más objetivo que hacer embarrancar al Govern de Salvador Illa. 

Comuns habían puesto sobre la mesa varias cuestiones en materia de vivienda, educación o movilidad para dar luz verde a las cuentas de 2026, pero el tema estrella era la limitación de la compra especulativa de pisos. En un principio, el Govern quería basar el veto en la fiscalidad, pero, finalmente, el acuerdo con los de Jéssica Albiach pivotará alrededor de la proposición de ley de Comuns registrada en el Parlament que comportará la modificación de la Ley de Urbanismo. 

Con anterioridad, el Ejecutivo había encargado cuatro informes sobre la posibilidad de limitar las compras especulativas de vivienda en Catalunya, a expertos de contrastada solvencia como son los juristas Carles Viver Pi-Sunyer, Fuensanta Alcalá, Pablo Feu y el doctor en antropología económica Jaime Palomera, estos avalan la idea de hacerlo de forma temporal y en zonas de mercado tensionadas. La intervención pública en un mercado en el que hay diferentes condiciones de demanda (para vivir o para invertir), se ajusta a la legalidad vigente. Experiencias internacionales de regulación han reforzado la estabilidad residencial, y la legislación catalana y urbanística apuntalan el uso residencial del suelo y la función social de la vivienda.

Así pues, una vez constatada la viabilidad jurídica de la norma, el Govern incluía la iniciativa en los Presupuestos y Salvador Illa y Jéssica Albiach escenificaban el acuerdo firmando un documento el pasado jueves en la Generalitat. 

Los que, de momento, se han negado a negociar esas cuentas ha sido ERC. Daba la sensación que la crisis de Rodalies podía abrir una ventana de oportunidad para que republicanos y socialistas salieran del callejón en que se habían metido. La solución pasaba por la creación de un consorcio que ejecute y haga el seguimiento de las infraestructuras; esa podría ser, al menos, la salida temporal. 

Sin embargo, tras una reunión de Oriol Junqueras y Pedro Sánchez, celebrada el pasado viernes en la Moncloa, para los republicanos la condición sine qua non sigue siendo que la Agencia Tributaria Catalana recaude de forma íntegra el IRPF que se genera en la comunidad y ahí el Gobierno central se muestra reticente; de ahí que el presidente de ERC apriete a los socialistas catalanes para que convenzan al PSOE y este haga “gestos” para avanzar en la carpeta de la recaudación. 

En todo esto, tiene mucho que ver que Oriol Junqueras está atrapado en una de las muchas martingalas de la política. Por un lado, la oposición interna le sigue muy de cerca y él necesita obtener logros tangibles para sacudirse la presión. En cambio, por otro, le conviene dar aire, tanto al Gobierno de Sánchez como al de Illa, porque unas elecciones anticipadas en España y/o Catalunya serían una muy mala noticia para los republicanos por su situación de extrema debilidad. 

A pesar de todo, quiero ser razonablemente optimista y pensar que los presupuestos de la Generalitat para 2026, los tenemos a la vista y pronto serán realidad. Hay quien apuesta porque podrían ver la luz antes de Semana Santa. No lo sé. Conviene que los árboles no nos impidan ver el bosque y que nadie se obnubile con el mañana porque primero hay un hoy, y es imprescindible tener unas buenas cuentas conforme a lo que Catalunya (su gente) necesita. Por consiguiente, esperemos que los negociadores prioricen el qué sobre el cuándo. 

Y es que cuando hablamos de presupuestos, hablamos, entre otras muchas cosas de sanidad, educación o servicios sociales.  Es decir, de que el país funcione y de ensanchar el Estado del bienestar.