Ladran, luego cabalgamos

Quizás a los gobiernos de coalición y progreso presididos por Pedro Sánchez se les podrán criticar muchas cosas. Ahora bien, lo que no se puede negar es que esos ejecutivos han tenido una gran determinación para reforzar el Estado del bienestar y, de manera especial, poner en práctica políticas para mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos.

Asuntos como la reforma del mercado laboral, reducir la temporalidad a mínimos históricos, disparar la creación de empleo superando los dos millones de afiliados a la Seguridad Social o que el SMI haya subido un 61%, que se haya garantizado la revalorización de las pensiones por ley o se haya puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV), son algunas de las iniciativas con las que se ha reforzado el escudo social desde que Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en 2018. 

Ahora, el Ejecutivo ha dado un paso más y en el Consejo de Ministros del pasado 14 de abril (no sé si la fecha es pura casualidad o no) aprobó el real decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes que se encuentran en España. Con esa iniciativa se prevé que unas 500.000 personas en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos, tener derechos y obligaciones. Para evitar problemas, el Gobierno ha tenido que ajustar la norma a las recomendaciones hechas por el Consejo de Estado y endurecer todo lo relativo a los antecedentes penales. Con el fin de paliar posibles inconvenientes, el Ejecutivo se ha ofrecido a ayudar a los inmigrantes pidiendo a sus países de origen los certificados por vía diplomática si estos se retrasan. 

Los solicitantes tendrán que demostrar que llevan cinco meses viviendo en España, haber entrado en el país antes del 1 de enero de 2026, ser mayores de edad y presentar un pasaporte u otros documentos identitarios en vigor o caducados. Es imprescindible carecer de antecedentes penales.  ¿Cuánta gente hay en esas circunstancias? Al tratarse de personas en situación irregular, no hay una estadística definitiva, pero sí existen estimaciones basadas en registros donde sí constan esas personas, como el padrón o las encuestas laborales. Algunos estudios apuntan que unas 850.000 viven en nuestro país en situación irregular. Esa cifra equivale al 17%, aproximadamente, de todos los extranjeros nacidos fuera de la UE que actualmente viven en España. 

En un interesante artículo publicado en EL PAÍS (14/04/26), en referencia a esa regularización extraordinaria, Andrea Rizzi, sostiene que, “es un gesto político a contracorriente en el panorama global contemporáneo” (…) “las democracias avanzadas se mueven en otra dirección”. (…) “Se está produciendo un repliegue identitario, de desconfianza y recelo y xenofobia hacia los extranjeros”. (…) “Los nacionalpopulistas marcan el discurso en materia migratoria. En ese contexto, muchas derechas convencionales e incluso algunas fuerzas progresistas —como en Dinamarca—han girado hacia políticas migratorias de extrema dureza en las cuales resulta inconcebible una medida como una regularización masiva”.

Y no solo eso, nuestra sociedad, como casi todas las sociedades occidentales, padecen un claro declive demográfico; necesitamos, mano de obra para cubrir los empleos que los de aquí no quieren; por otra parte, los que vienen de fuera nos aportan dinamismo y multiculturalidad. Y no podemos olvidar que es de primero de solidaridad otorgar derechos a quienes ya residen, trabajan, aportan y conviven con nosotros.

Resulta deprimente ver como los populares hacen caso omiso a los empresarios y de la Iglesia que en 2024 auspició una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promovía la regularización masiva de inmigrantes y entonces votaron a favor. En cambio, ahora, a rebufo de la extrema derecha han endurecido su discurso sobre inmigración. El propio Feijóo defendía que se diera una salida al medio millón de extranjeros que se calculaba que residen en España de forma irregular. “Hay un debate que tenemos que dar y debemos zanjar con los inmigrantes que viven y trabajan en España, pero que no han obtenido de momento beneficios”, dijo en una entrevista en la COPE en abril de 2024. Los migrantes en situación irregular, añadió, “pueden estar tranquilos que el PP es sensible con ellos y buscará soluciones para una inclusión social correcta y legal”.

Pero ahora, al líder del PP le ha faltado tiempo para decir que la medida aprobada por el Gobierno para dar papeles a unos 500.000 extranjeros que ya residen en España “va en contra de las Cortes, va en contra de Europa y de la mayoría de los españoles”. Y ha argumentado que “alienta a las mafias”, ya que reciben el mensaje de que “España es un chollo”; que “perjudica a quien cumple y ha entrado de forma legal”; que es “insegura”, porque no se sabe a cuántas personas afecta; y que “sobrecarga el Estado del Bienestar”. 

Estos días hemos conocido el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar Extremadura. Ese pacto, advierte que no se subvencionará a la ONG que acojan a irregulares, aunque pertenezcan a la Iglesia como, por ejemplo, Cáritas y tiene una “medida estrella” que es: dar prioridad absoluta a los españoles en las prestaciones sociales, ayudas, subvenciones y acceso a la vivienda pública. Sobran los comentarios.

Para cerrar la apretada agenda política de los últimos días, Barcelona acogía, este último fin de semana, a un muy nutrido grupo de líderes progresistas de todo el mundo que asistían a un cumbre donde se ha puesto en valor el multilateralismo frente a los EE UU de Trump y donde se han hecho propuestas para relanzar a la izquierda. En ese contexto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, entre otras cosas, dijo que: “España es vanguardia en Europa”.

Mientras, en un desesperado intento de contraprogramar a Sánchez, la derecha organizaba un encuentro en Madrid, con la opositora venezolana, María Corina Machado, que además de ser espléndidamente agasajada por el PP,   se reunía con Núñez Feijóo, Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso, a la vez que declinaba verse con el presidente del Gobierno.

Visto lo visto, queda claro el nivel político y la catadura moral que tiene la oposición en nuestro país y la derecha extrema a nivel global. Ante esta situación y las expectativas de futuro que generan los tierraplanistas de la política y negacionistas del progreso; no es de extrañar que la gente progresista piense: “Ladran, luego cabalgamos”, y es que esa tropa no da más de sí.